Una de las reformas inmediatas que precisa España y que ahora el Partido Popular parece estar dispuesto a abordar es la del mercado laboral. Y es que es éste, y no otro, el principal reto (reducir el paro) al que se enfrentará el nuevo Gobierno y para el que ha sido elegido por una amplia mayoría de los españoles.
La elevadísima tasa de paro que tiene España no sólo representa un coste social inasumible para cualquier país avanzado sino que también tiene un impacto negativo directo sobre el balance del sistema financiero (en forma de un mayor volumen de créditos impagados), sobre las cuentas públicas (en forma de menores ingresos y mayores gastos) y sobre la actividad económica en su conjunto (en forma de menos consumo privado).
Por todo ello, lejos de ser un lujo, la reforma integral de las instituciones que gobiernan las relaciones laborales en España es una necesidad imperiosa. No ya de cara a poder amortiguar mejor las crisis venideras, sino para poder parar la sangría que -a día de hoy- sigue tiñendo de gris el futuro de buena parte de las familias trabajadoras.
1. ¿Por qué el mercado laboral español no es flexible?
Si pensamos en un país como si fuera un solo trabajador autónomo, entenderemos que éste no puede ganar más que aquello que recibe por los bienes y servicios que produce y vende. De la misma forma, las caídas en el Producto Interior Bruto (PIB) de un país tienen un impacto directo en el volumen total de salarios pagados a los trabajadores del mismo. La cuestión, por tanto, no es si los salarios deben o no bajar (ya que el montante total caerá en todo caso) sino cómo se distribuirá dicha bajada entre todos los trabajadores.
Un mercado perfectamente flexible permitiría que la caída en la producción tuviera su reflejo en recortes homogéneos en los salarios de todos los trabajadores (esto es, si la producción cae un 10%, todos los salarios caen también un 10%). Por el contrario, un mercado inflexible sería aquél que protegería a unos trabajadores (insiders) más que a otros (outsiders).
En este caso, estos últimos se verían obligados a soportar todo el peso del ajuste salarial del país con caídas más que proporcionales en sus salarios. Por tanto, los mercados poco flexibles no protegen a unos más que a los otros sino que protegen a unos a costa de los otros.
En un esfuerzo por evitar esta injusticia, las autoridades podrían establecer barreras a la renegociación de los contratos. El problema es que el ajuste se producirá en todo caso y la imposibilidad legal de renegociar salarios a la baja resultará en un mayor número de contratos rescindidos (nótese que un despido supone una caída salarial del 100%). Pues bien, éste último es -precisamente- el caso del mercado laboral español.
2. La dualidad: insiders contra outsiders
Quizás el rasgo más característico del mercado laboral español sea su dualidad. La brecha que existe entre la indemnización por despido de los contratos temporales respecto de la de los indefinidos (8 y 45 días por año de servicio, respectivamente) explica por qué la proporción de trabajadores temporales en España es mucho mayor que en la Eurozona o por qué el volumen de trabajadores permanentes se muestra tan inelástico a cambios en el PIB.
En la reforma del año pasado, el Gobierno ya redujo esta brecha mediante el incremento gradual de la indemnización de los contratos temporales (de 8 a 12 días en 2015) y la reducción de la de los contratos permanentes (de 45 a 33 días para una modalidad de fomento del empleo estable con limitaciones subjetivas). Pese a ello, la brecha sigue siendo suficientemente importante como para que dicha reforma no tenga ningún efecto en la práctica.
En este sentido, el PP ha incluido en su programa electoral una propuesta para simplificar "la tipología de contratos laborales para reducir la temporalidad" (punto 11). Esta propuesta sugiere que el nuevo Gobierno podría estar pensando en introducir un contrato único como el incluido en el llamado Manifiesto de los 100 Economistas de abril de 2009 y, posteriormente. desarrollado por el profesor Samuel Bentolila, entre otros.
3. La negociación colectiva: ¿dónde se toman las decisiones?
El segundo rasgo diferenciador del mercado de trabajo en España es que la negociación colectiva no atiende a las necesidades particulares de cada empresa en concreto sino que tiene lugar, mayoritariamente, a nivel provincial o sectorial. En este sentido, la evidencia empírica disponible sugiere que el desempleo tiende a ser menor cuando la negociación colectiva está totalmente centralizada o descentralizada, y que crece cuando ésta tiene lugar a niveles intermedios (como es el caso de España).
Dado el tamaño y el grado de diversificación de la economía española, la negociación colectiva (o, al menos, los aspectos más importantes de la misma) debería descentralizarse totalmente. Esta necesidad es siquiera más evidente si tenemos en cuenta que el tejido empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas que operan con márgenes muy inferiores a los de las grandes empresas (y por tanto requieren de una mayor flexibilidad interna).
En la reforma de este año se ha introducido en el artículo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores una cláusula por la que los acuerdos negociados a nivel intermedio seguirán teniendo prioridad, aunque se abre la puerta a que éstos puedan delegar en otros de distinto ámbito (empresa, por ejemplo) la regulación de materias concretas. El problema es que no hay incentivos para que esto suceda, por lo que lo normal es que esta parte de la reforma quede en papel mojado.
Las buenas noticias son que el PP podría estar dispuesto a dar el paso decisivo hacia la descentralización. Concretamente, el punto 12 de su programa electoral anuncia que "tendrán prevalencia en cuestiones salariales y condiciones de trabajo los convenios o acuerdos de empresa que pacten los empresarios y los trabajadores".
4. La ultraactividad: el poder de los sindicatos
La ultraactividad es un principio recogido en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores por el que se permite la continuidad de los acuerdos vencidos mientras que no haya otro que lo sustituya. Esta cláusula hace que los sindicatos no tengan ningún incentivo para negociar; sólo con no sentarse a la mesa, los acuerdos negociados en los años de bonanza seguirán siendo de aplicación general.
La reforma de este año ha introducido por primera vez la figura del "laudo arbitral" como forma de resolución de conflictos cuando así lo hayan acordado las partes negociadoras. Sin embargo, en ausencia de obligatoriedad en caso de no haber alcanzado un acuerdo dentro de unos plazos preestablecidos, todo apunta a que esta reforma también quedará en papel mojado.
Pese a no mencionarlo en su programa electoral, sería deseable que el PP aprovechara la oportunidad de la reforma que parece tener en mente para abordar este problema también y mejorar los incentivos que tienen los agentes sociales para negociar.
5. Los subsidios por desempleo desincentivan
Los subsidios por desempleo son mucho más generosos en España de lo que lo son en la media de la OCDE (un 45% más, en concreto). Además, las condiciones para tener acceso a los mismos son menos restrictivas en comparación con los estándares internacionales. Estas circunstancias resultan tanto en una mayor duración estructural del desempleo como en una menor movilidad inter-regional.
Dado el impacto que los subsidios por desempleo tienen sobre nuestras cuentas públicas, así como los nefastos incentivos que generan en los trabajadores, no es de recibo que éstos estén por encima de la media de la OCDE ni que, en términos cualitativos, el acceso a los mismos sea más fácil. Desgraciadamente, el programa electoral del PP no hace mención a ningún cambio en este ámbito.
Más competencia y liberalización
Pese a la desastrosa situación del mercado de trabajo, el resultado operativo neto de las empresas no financieras está en máximos de la década. Ello es contraintuitivo, ya que uno esperaría un profundo deterioro (y no una notable mejora) en los resultados empresariales.
Esto se debe, básicamente, a dos causas:
En primer lugar, por un efecto composición en los datos, ya que estos sólo incorporan los de las empresas que siguen en activo (y no los de todas aquéllas que se han quedado en el camino lo largo de los últimos cuatro años).
Y, en segundo lugar, porque España sigue teniendo un problema de falta de competencia en un buen número de sectores. Esto se debe en parte a que las privatizaciones de los años 90 están inacabadas (ahora, en vez de monopolios estatales, son oligopolios privados), y en parte porque seguimos teniendo muchos sectores cerrados a la competencia (como es el caso de las farmacias, los estancos o los taxis). Por ello, una reforma integral del mercado de trabajo requerirá también un esfuerzo de liberalización en todos esos sectores que permanecen ajenos a la libre competencia
Oportunidad histórica para acabar con los intereses creados
Los resultados electorales del pasado 20 de noviembre representan una oportunidad única para explicarles a los sindicatos (y a los ciudadanos) que no pueden protegerse los intereses de unos a costa de los de todos los demás.
La flexibilización de los mercados de factores en general (y del mercado de trabajo en concreto) no sólo mejorarán las condiciones necesarias para que el sector privado lidere la tan ansiada recuperación, sino que permitirá que los trabajadores puedan amortiguar mejor las crisis futuras. Más aún, en el corto plazo, una reforma integral del mercado de trabajo permitiría poner fin a la sangría en la destrucción del empleo y dar a los trabajadores, parados y empresarios la posibilidad de tener un futuro con algo más de color y esperanza.