La Generalidad quiere suspender las oposiciones, reducir aún más las plantillas de interinos y eliminar de manera temporal la mayoría de complementos salariales que cobran los 230.000 funcionarios, empleados públicos y contratados laborales que tiene actualmente la administración catalana.
Éstas son algunas de las 19 propuestas que el departamento de Gobernación ha entregado hoy por escrito a los sindicatos de la función pública de Cataluña en la primera reunión de la Mesa de Negociación en la que se debe tratar el nuevo ajuste planteado por el Gobierno de cara al 2012 para reducir el déficit de la Generalidad.
Las medidas, ocho temporales y once estructurales, se añaden a las ya aplicadas en 2011 y llevará a los empleados públicos de la Generalidad a perder alrededor de un 20% de su poder adquisitivo y hasta un 50%, si se tiene en cuenta su salario de 2007, antes de estallar la crisis, según ha denunciado, tras la reunión, una representante de CCOO en la Mesa, Montse Ros.
Los tres sindicatos presentes en la Mesa, CCOO, UGT e IAC, han considerado las propuestas "una declaración de guerra" y han reprochado a la Generalidad que se haya presentado en la reunión con un listado de medidas sin cuantificar el número de personas que podrían resultar afectadas ni los recursos que plantea ahorrar.
Entre las medidas, destaca la revisión de las plantillas ocupadas por personal interino "en servicios no finalistas ni esenciales", lo que supondrá una reducción de interinos que no concreta, aunque el documento asegura que el objetivo es "mantener el máximo de puestos de trabajo posibles".
La reducción de empleos que supondrá esta revisión más la congelación de oposiciones afectará "inevitablemente" la calidad de los servicios públicos, ha alertado Montse Ros, secretaria general de enseñanza de CCOO, que ha calificado las propuestas como "el peor ataque al sector público en Democracia". En el terreno salarial, la Generalidad plantea una reducción del importe del complemento específico o equivalente, uno de los que forma parte de la nómina de los empleados, que afectaría, de manera preferente, a las dos pagas adicionales de junio y diciembre de 2012, y tanto al personal funcionario como al laboral y al estatutario.
Además, se propone la suspensión del Fondo de Acción Social (ayudas de carácter social ya reducidas en 2011), del abono del complemento de productividad y de la aportación al plan de pensiones, así como la reducción del 50 % de los importes máximos a percibir en concepto de objetivos del personal estatutario del ICS.
El Gobierno que dirige Artur Mas quiere dejar de aprobar nuevas ofertas de ocupación públicas para el 2012 y suspender la ejecución de las ofertas públicas aprobadas y no convocadas.
Los sindicatos han recordado que en 2011 ya se recortaron oposiciones y sólo se han realizado oposiciones de profesores de secundaria, de Mossos d'Esquadra y de auxiliares de administración y administrativos. Entre las medidas estructurales que se plantean, destacan la revisión de las ayudas de comedor, la modificación de los complementos por estadios, niveles de carrera o tramos docentes, cambios en la retribución durante el primer año de reducción de jornada para cuidar a un menor, y la supresión de los días adicionales de vacaciones (una especie de premios de antigüedad).
La única de las medidas que los sindicatos han encontrado "no insultante", en palabras de Montse Ros, es el establecimiento de una excedencia voluntaria con reserva de puesto de trabajo.
El responsable de UGT Xavier Casas ha denunciado que "nunca antes se habían planteado recortes tan bestias y tan poco especificados", al tiempo que ha asegurado que algunas de estas medidas "enviarán al paro a centenares de personas", en referencia a los interinos. Los sindicatos, que han salido de la reunión "con el ánimo destrozado e indignados", según Ros, tienen previsto mantener un encuentro esta tarde para analizar una estrategia unitaria ante este documento, que volverá a ser objeto de debate en la nueva convocatoria de la Mesa Negociadora que tendrá lugar mañana, jueves, 1 de diciembre.
Durante la reunión, un centenar de delegados sindicales se han manifestado frente a la sede del departamento de Gobernación, en la Via Laietana de Barcelona, y han obligado a la Guardia Urbana a cortar el tráfico en dirección mar.