La era Zapatero llega a su fin y con ella, el ocaso de conocidos y poderosos líderes del partido que le han acompañado desde el comienzo de su mandato, no sólo en el PSOE sino también en el Gobierno.
La sombra de la corrupción salpica el nombre de uno de sus más estrechos y cercanos colaboradores, José Blanco, merced de sus relaciones con empresarios gallegos y un misterioso encuentro en una gasolinera de la localidad lucense de Guitiriz.
Pero, al margen del caso Campeón, las auditorías del Tribunal de Cuentas dejan al descubierto nuevos asuntos oscuros en los que también podemos encontrar el nombre del ministro de Fomento –ahora en funciones-.
Se trata del Informe de fiscalización de los gastos derivados de la Presidencia Española de la Unión Europea. Aquel mandato –de turno- que ocupó España en el primer semestre de 2010 y que se quedó en un intento baldío de recuperar la imagen de nuestro país. En eso y en un montón de actos públicos -368 para ser exactos- a los que se dedicó un buen montante de dinero del contribuyente.
Desde el planteamiento del Comité Organizador se detectan irregularidades, ya que el desglose de los eventos a celebrar en España "carecía de objetivos e indicadores y no tenía fecha ni estaba actualizado, ya que incluía actos que no llegaron a celebrarse".
De todos los gastos dedicados a la Presidencia Española de la UE, el 66% de ellos, 27,7 millones de euros, se derivaban de la ejecución de los 44 contratos adjudicados para tal efecto. De ellos, sólo 2 se adjudicaron por concurso público. Los otros 42 fueron adjudicados a dedo. El Tribunal de Cuentas denuncia que "la utilización con carácter general del procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación podría haber limitado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que deben regir la contratación pública".
Otra de las prácticas señaladas, habitual en tramas de corrupción ligadas a la adjudicación de contratos con la Administración, es la fragmentación de pagos. Un modus operandi prohibido expresamente (artículo 74.2 de la Ley de Contratos del Sector Público) con el que se consigue que una sola empresa obtenga el total de una determinada adjudicación. Así ocurrió con la compañía que consiguió seis contratos menores por importe de 94 mil euros cada uno para gestionar los pins promocionales de la presidencia española. Al menos cada una de esas fragmentaciones respetaba el límite impuesto en la Ley, cosa que no ocurría con la contratación de salas de hoteles, servicios de restauración y de autobuses de traslado que se hizo contra una única compañía, la misma que prestaba el servicio de gestión de viajes en el Ministerio de la Presidencia, por valor de hasta 523 euros.
Lo cierto es que la citada Ley de contratos públicos, en su artículo 154, deja algún resquicio para la adjudicación a dedo de contratos, y los encargados de gestionar la presidencia española bien que lo aprovecharon. Hasta once se adjudicaron de esta manera, en muchos acasos alegando la alta razón de la seguridad del Estado, ya que el adjudicatario tendría acceso a las instalaciones donde se encontraban los ministros y altos funcionarios y a la información y material confidencial sobre el desarrollo de sus reuniones. Unas razones puestas en duda por el Tribunal de Cuentas, que no termina de entender "de qué manera afectaba a la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado el contrato número 34, que tenía por objeto el suministro de mobiliario para eventos a realizar en el Módulo permanente".
Y es en el detalle de esas adjudicaciones donde aparecen vínculos con José Blanco. Según el informe del Tribunal de Cuentas entre las irregularidades más llamativas de los gastos en que incurrió la Presidencia española de la UE, encontramos el encargo a la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) "de la encomienda de gestión para el apoyo en la realización de la Asamblea Parlamentaria Unión Europea, África, Caribe y Pacífico", que se formalizó el 16 de abril, justo 15 días después de que se finalizara la reunión que se había celebrado del 29 de marzo al 1 de abril de 2010 en Adeje, Tenerife.
Pero no queda ahí la cosa. El informe de fiscalización destaca deficiencias encontradas en la documentación justificativa de los gastos de desplazamiento y alojamiento de los asistentes al encuentro. En este asunto, Moratinos fletó un vuelo Charter que contrató de urgencia por 130.000 euros, para viajar él (no había ningún avión militar disponible) y se gastó 43.500 euros, adjudicados por la Secretaría de Estado de la UE –Dependiente de Diego López Garrido- en corbatas y pañuelos.
Pero ¿qué tiene que ver esto con José Blanco?
El Grupo Tragsa, adjudicataria de ese contrato para organizar un evento, es una empresa dedicada a la conservación de la naturaleza, el desarrollo rural y la prestación de servicios de emergencia. Con la particularidad de que sus principales cargos están cooptados por dirigentes socialistas muy próximos al vicesecretario general del Partido. Sin ir más lejos su presidenta María Luis Graña, y su director de Relaciones Institutcionales Manuel Vidal López. Este último, tal y como informó en este diario Carmelo Jordá, utilizó dinero de esa empresa, público por tanto, para tratar de eludir una demanda de acoso sexual presentada por una de sus trabajadoras.
El director de Relaciones Insitucionales de Tragsa, Manuel Vidal López es, según los testimonios, mano derecha de la presidenta del grupo, la socialista María Luisa Graña, citada por la prensa como parte del grupo de socialistas cercanos a Blanco con intereses comunes más allá de los puramente políticos.
En realidad, Tragsa, al igual que AENA en buena medida, sirvió como refugio de muchos socialistas que se habían quedado sin puesto tras la derrota electoral en Galicia de principios de 2009, pocos meses antes de la llegada de Blanco a Fomento. María Luisa Graña había presidido el Puerto de Vigo y Manuel Vidal López el Patronato del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, más conocidas como las Islas Cíes.
No había pasado ni un año desde ese desembarco cuando la compañía logró esos ventajosos contratos para la presidencia española de turno de la UE, que comenzó en enero de 2010.