Mariano Rajoy tendrá una dura tarea por delante a partir del próximo 20-N. Esta realidad parece evidente para todos los españoles, pero también fuera de nuestras fronteras se ha impuesto que al candidato del PP no le quedará otro remedio que aplicar con determinación y sin dudas una serie de reformas que hagan factible el crecimiento de la economía española.
Todos los análisis coinciden en que España necesita emprender tres reformas fundamentales sin ningún tipo de demora. Los tres campos en los que tendrá que intervenir el nuevo Gobierno son: mercado laboral, finanzas públicas y sistema financiero. La labor no será fácil, entre otras cosas porque en los tres campos existen fuertes grupos de presión, pero tampoco debería verse como un imposible.
Esta semana, una de las principales instituciones financieras europeas ha publicado un pequeño informe sobre la economía española en el que valoraba el programa del PP y sus opciones para cambiar realmente las cosas una vez que llegase al Gobierno. En opinión de sus autores, Rajoy aún estaría a tiempo de modificar la dinámica de los últimos meses si aplica la medicina correcta para cada una de las dolencias del enfermo. Los siguientes son sus tres principales consejos:
Mercado laboral
En este campo, los analistas de la prensa internacional, así como los expertos de los institutos de inversión coinciden en que sólo se puede hacer una cosa: flexibilizar la regulación. Aún a costa de enfrentarse a los sindicatos, Rajoy debe acercar los criterios de decisión a empresas y trabajadores. En el documento que analizamos hoy y que está siendo leído con cuidado por inversores de la City londinense se piden al nuevo Gobierno tres medidas.
Lo primero sería cambiar la última reforma laboral para que las "negociaciones a nivel de empresa tengan prioridad" sobre las negociaciones a nivel sector o autonómico. Es decir, eliminar la excepción que incluyó el Gobierno de Rodríguez Zapatero. En el texto aprobado hace unos meses, se daba prioridad a los convenios de empresa siempre que un convenio superior no dijera lo contrario. De esta manera, este cambio, que podía haber sido revolucionario, quedaba convertido en papel mojado.
En segundo lugar, los expertos piden que "se elimine la ultraactividad" y se reemplace por un laudo arbitral cuando expiren los plazos del convenio vigente y no se haya acordado su renovación entre empresario y trabajadores.
Por último, este informe sobre la economía española pide que se apruebe el contrato único (en las últimas semanas se han barajado dos opciones: con indemnización fija de 20 días por año trabajado o con indemnización creciente, empezando en 15 y terminando en 36), para acabar con la "dualidad" del mercado laboral entre indefinidos y temporales.
Gasto público
La espada de Damocles que pende sobre la economía española en estos momentos se llama gasto público. Es evidente que no hay nada tan urgente como recuperar la credibilidad de las cuentas de las administraciones públicas para alejar el fantasma de la bancarrota y el rescate. De hecho, la reforma laboral también iría dirigida en este camino: se cambia la normativa para crear más empleo y crecer más.
El problema, según todos los expertos, está en la administración autonómica. Las finanzas regionales están al borde del colapso y los ejecutivos autonómicos no son capaces ni de encontrar financiación a corto plazo. Para resolver esta cuestión, los autores de este análisis creen que se podría acudir a la emisión de bonos participados por todas las autonomías o con el aval estatal. Eso sí, a cambio de esta ayuda, los gobiernos tendrían que comprometerse a un control mucho más estricto que el actual, incluyendo planes de reestructuración pactados con el Ministerio de Economía. Sería una solución similar a los eurobonos, pero con el mayor control sobre los resultados dado que el grifo de la financiación regional sigue estando en manos del Estado.
Sistema financiero
Según los cálculos de esta entidad, al sistema financiero español le hacen falta unos 50.000 millones de euros para recapitalizarse en la línea de lo exigido por la UE. Claro, con una necesidad de fondos tan elevada, es lógico que se haya secado el crédito como lo ha hecho en las últimas semanas. El problema es que familias y empresas están empezando a pasarlo realmente mal por la carestía de financiación.
Para solucionar este problema, los autores de este informe recomiendan a Rajoy un programa de intercambio de bonos, por el que el Gobierno se quedaría con los activos tóxicos en poder del sistema financiero a precio de balance. A cambio, entregaría nuevos bonos del Estado respaldados (al menos en parte) por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (el Fondo de Rescate famoso). Esto sanearía de un plumazo el sector bancario hispano, aunque a costa de poner sobre las espaldas de los contribuyentes el coste del rescate. Posteriormente, se pondría en marcha un programa de recompra o de venta paulatina de activos que permitiera al Estado recuperar parte de esta inversión.