Desde que comenzó el año, el número de beneficiarios por prestaciones de desempleo ha caído de 3,02 a 2,72 millones. Además, el paro ha aumentado en 280.000 personas. Por lo tanto, casi medio millón de españoles han dejado de percibir ingresos formales. Y además, de los que siguen cobrando algo de los servicios públicos de empleo, muchos sólo reciben prestaciones asistenciales, mucho más bajas que las retributivas.
A los casi cinco millones de personas en paro podrían sumarse todos aquellos que querrían trabajar, pero han dejado el mercado laboral porque no albergan ninguna esperanza de conseguir un empleo. Además, muchos de los parados o no cobran nada o sólo reciben subsidios mínimos. Con este panorama, muchos se preguntan, ¿cómo es que no se ha producido un estallido social en España?
La respuesta para los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), reunidos estos días en Cádiz, es que ha sido el trabajo en negro el que ha permitido que cientos de miles de españoles sobrevivieran todos estos años. Las chapuzas, los trabajos en el campo o en el servicio doméstico o los empleos no declarados han facilitado los ingresos necesarios para llegar a fin de mes a muchos españoles. Según un estudio publicado hace unos meses por Funcas, el tamaño de la economía sumergida podría superar el 20% del PIB. Esto querría decir que uno de cada cinco euros no se declaran a Hacienda.
Remesas e impuestos
Hay diferentes indicios que dan pistas acerca del crecimiento de este tipo de actividades en estos años de crisis. Por ejemplo, las remesas de los inmigrantes a sus países de origen han crecido un 15%, pese a que hay menos trabajadores extranjeros y más paro en este colectivo.
Con estos datos, la primera pregunta que cabría hacerse es si este nivel de economía sumergida es equiparable al de los países de nuestro entorno. Siempre es difícil medir el tamaño de la economía informal (por definición, no hay estadísticas), pero según los cálculos de la OCDE, España es el tercer país de Europa tras Italia y Grecia. No parece casual que sean las economías más débiles y las que tienen más problemas en la actualidad las que acumulen un mayor nivel de economía sumergida.
La razón cabe buscarla en la normativa regulatoria y en el coste del empleo. En España, por ejemplo, el coste de contratar a un trabajador es muchísimo más alto de lo que éste percibe en su cuenta bancaria cada mes. Entre las cotizaciones a la Seguridad Social del empresario y el trabajador, las correspondientes al paro o las retenciones por IRPF, la nómina neta siempre es mucho más baja que el coste laboral. De esta manera, si el empresario paga 100 y el trabajador recibe 60, siempre hay un incentivo a que se pongan de acuerdo en reducir el salario a 80 a pagar en negro.
También hay que tener en cuenta la falta de equidad del sistema tributario español denunciado por los Inspectores de Hacienda. Cada vez más, son los salarios los que sostienen la recaudación estatal. Los rendimientos del trabajo representan el 85% de lo que el Estado recauda por IRPF. De nuevo, un fuerte incentivo para el fraude.
Si a esto se le añade la complejísima estructura de la legislación laboral española (con decenas de contratos diferentes que hacen muy caro para el empresario contratar y despedir) y el elevado salario mínimo interprofesional (que supone una elevadísima barrera de entrada para los trabajadores menos cualificados), ya tenemos el cóctel perfecto para el florecimiento del mercado negro.
Aunque se piense que es propio de empresarios desaprensivos, lo cierto es que todo el mundo prefiere siempre estar legal por una cuestión de comodidad. Tener los papeles en regla evita problemas y permite desarrollar la labor diaria con más tranquilidad. Analizándolo desde un punto de vista económico, podría decirse que los empresarios y los trabajadores están dispuestos a pagar algo más en impuestos a cambio de esta cobertura.
Por ejemplo, en el régimen de empleadas de hogar es muy habitual que prolifere el trabajo sumergido. La razón es bien sencilla: muchas familias no podrían permitirse pagar una asistenta si tuvieran que abonar las cotizaciones legales a la Seguridad Social. Sin embargo, el Gobierno acaba de aprobar una normativa que encarecerá su contratación. Las consecuencias son evidentes: habrá menos empleadas del hogar en los registros oficiales y más economía sumergida en este sector. Algo similar a lo que ocurre en cada vez más pequeñas empresas españolas.