No es una propuesta nueva. Hace ya dos años las entidades financieras formularon al Gobierno la petición de crear un banco malo que albergase los activos inmobiliarios que tanto perjudicaban a sus balances, pero la sugerencia fue rechazada. Desde entonces, bancos y cajas siguen acumulan activos problemáticos en sus balances procedentes del desplome del sector inmobiliario. Y es que, las inmobiliarias no tienen forma de repagar su créditos salvo en ladrillo.
Ahora, vuelve a resurgir con fuerza esta opción. El pasado septiembre, bancos y cajas volvieron a solicitar al Banco de España, al Gobierno y al PP la creación de un banco malo público en el que se incluyesen los activos inmobiliarios problemáticos del sector. Algunos países europeos han elegido esta vía para sanear sus cuentas aunque el resultado todavía no se conoce.
El sector se comprometió entonces a realizar una petición oficial a partir del 20 de noviembre, y la propuesta comienza ya a tomar forma. La idea inicial consiste en que el Estado compre a las entidades estos activos problemáticos con un descuento sustancial sobre el valor contable -pero superior al de mercado- a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o bien mediante el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Estos organismos adquirirían los inmuebles, promociones y suelo de la banca a un precio determinado, y el Estado se encargaría de vender estos activos a lo largo de varios años para recuperar parte del dinero desembolsado (las pérdidas las acabaría asumiendo el contribuyente).
Algunos grandes bancos acaban de reiterar esta petición, tras la reciente solicitud formulada por los promotores inmobiliarios. Pero, de inmediato, surgen varias dudas:
1. ¿Qué es un banco malo?
Es una entidad creada -generalmente por el Estado- con el objetivo de comprar a un precio asequible todos los activos tóxicos y problemáticos que tiene la banca para dejar sus balances limpios y evitar seguir provisionando por esos activos.
2. ¿A qué precio se comprarían los activos?
Con un descuento sustancial sobre el valor contable que registran las entidades, pero superior al valor de mercado para evitar un agujero que conlleve la insolvencia de la entidad. Experiencias adoptadas en otros países aplicaron descuentos próximos al 50%.
3. ¿Cómo funcionaría?
Se financiaría con dinero público, lo que supondría un mayor endeudamiento del Estado, necesitaría unos gastos de gestión para mantenimiento y venta de los inmuebles y podría tardar entre cinco y diez años en cerrar las ventas. Al final, el coste para el contribuyente sería, como mínimo, de 100.000 millones de euros.
Al banco malo se le dotaría de inmuebles adjudicados, de créditos al promotor con el suelo como garantía (y que dichos promotores no pueden devolver) y también de participaciones en sociedades que crearon bancos y cajas con las inmobiliarias. El Banco de España sería, posiblemente, el encargado de decidir qué activos entrarían en el banco malo.
4. ¿Qué opina el PP?
Oficialmente, descarta la creación de un banco malo. Cristóbal Montoro, portavoz económico del partido, rechazó recientemente que el Estado "se quede con las pérdidas del sistema financiero sin más", "un banco malo que socialice las pérdidas". Por el contrario, apuesta por "cambiar las perspectivas fiscales" de las pérdidas que se puedan producir por depreciación de los activos para liquidar los inmuebles y reducir las pérdidas de las entidades.
Sin embargo, su opinión contrasta con la de otros destacados miembros populares. Es el caso, por ejemplo, del portavoz de Presupuestos del Partido Popular, Vicente Martínez-Pujalte, que aboga crear un banco malo exclusivamente de suelo, ya que es aquí donde se concentra el gran problema de los activos inmobiliarios que posee la banca; por su parte, Luis de Guindos, ex secretario de Economía del PP en el Gobierno de José María Aznar y uno de los candidatos a ocupar un alto cargo en el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, apuesta directamente por solicitar ayuda al Fondo de rescate europeo para recapitalizar entidades en problemas.
De hecho, entre las distintas propuestas que están encima de la mesa, se baraja la posibilidad de crear un esquema de protección de activos (EPA), similar al que se pretende poner en marcha para la venta de la CAM, de forma que las entidades se encargarían de vender sus activos problemáticos, pero con la garantía de que el Estado cubriría un porcentaje muy sustancial de las pérdidas (hasta el 80%).
De una u otra forma, la cuestión de fondo es que, dada la actual situación del mercado de deuda en España, cada vez es más plausible que el nuevo Gobierno tenga que recurrir finalmente al Fondo de rescate europeo para tratar de sanear el sistema financiero.
La venta a inversores privados se congela
Todo ello pinta un nuevo escenario. Hace apenas unas semanas, el Banco Santander intentó una operación inédita que fue imitada por otros grandes bancos, tras iniciar negociaciones para vender una parte sustancial de su cartera inmobiliaria a inversores privados a fin de reducir su stock de inmuebles, edificios y suelo. Sin embargo, los fuertes descuentos -de al menos el 60%- ofrecidos por los fondos de inversión extranjeros han paralizado, por el momento, la operación, aunque no se descarta que finalmente se culmine.