Por eso, desde el verano se han sucedido las normativas dirigidas a prohibir, dificultar o imposibilitar en la práctica determinadas prácticas habituales en los mercados. Mientras, nadie ha dicho nada de la responsabilidad del BCE en esta crisis por mantener artificialmente bajos los tipos de interés o de cómo los gobiernos se han saltado una y otra vez las normas que se impusieron en el Pacto de Estabilidad y han incurrido en enormes déficit públicos que ahora no saben cómo arreglar.
Estas nuevas directivas se han ido anunciando según arreciaban los problemas en los mercados de deuda pública, como si éstos tuvieran algo que ver con las prácticas de los mercados financieros (se piense lo que se piense de ellas) y no con los importantes desajustes en las cuentas de los estados de la Eurozona. Las novedades se refieren, fundamentalmente, a cuatro ámbitos:
- CDS: es una última de las noticias llegadas desde Bruselas. La UE quiebre prohibir (aunque no sería efectivo antes de noviembre del año que viene) las operaciones con los seguros de impago sobre deuda pública (los famosos credit default swaps) en el caso de que el inversor no tenga en su poder los bonos sobre los que actúa. Esto supondría que nadie podría vender y comprar CDS a la baja (es decir, apostando a una pérdida en su valor) si no tiene en su poder los títulos de deuda pública correspondiente. Por lo tanto, sólo quienes fueran poseedores de bonos podrían hacerse con CDS que les protegiesen de un impago.
- Ventas a corto: con esta medida, la UE quiere evitar que se produzcan las compras especulativas de acciones de entidades financieras para negociar con ellas en el corto plazo con la esperanza de que bajen de precio. Las ventas a corto al descubierto consisten en operaciones por las que un inversor pide prestados títulos de una compañía para venderlas en el mercado, comprometiéndose a devolverlas en un período determinado de tiempo. Si el valor baja, sólo tiene que recomprarlas y devolvérselas a su propietario original, ganando la diferencia entre el precio de venta y el de compra (su apuesta fue que aquél sería más alto que éste último).
- Publicación de calificación de las agencias: La noticia de que la UE se está planteando prohibir a las grandes agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch) publicar sus informes en el caso de países intervenidos ha salido este mismo jueves. La Comisión Europea ha asegurado que es "legítimo" impedir que se publiquen este tipo de noticias cuando un país ha sido intervenido.
Las tres grandes agencias han ganado mucha presencia mediática en los últimos meses, pero es muy ingenuo suponer que los inversores no compran deuda griega, portuguesa o española por lo que pueda decir alguna de ellas y no por la verdadera situación de las cuentas públicas de estos países. Así, daría la sensación de que la UE quiere matar al mensajero, no erradicar la raíz del problema. En este sentido, Financial Times publica este viernes que la UE prepara una dura regulación sobre las agencias de rating para limitar la publicación de sus notas soberanas.
- Cárcel para los que manipulen el mercado: Quizás la más llamativa de las noticias relacionadas con nuevos controles sobre el mercado sea aquélla que asegura que la UE quiere imponer sanciones penales a los inversores que abusen de información privilegiada o manipulen los mercados.
La mayoría de los miembros de la Unión ya cuentan con diversas disposiciones contra el manejo de información privilegiada, pero la novedad es la advertencia de que aquéllos que "ayuden, instiguen o aconsejen" el abuso del mercado (una definición muy laxa, al menos en lo que se conocer hasta ahora) también podrían enfrentar responsabilidades penales, incluidas penas de cárcel.