El anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alcorcón, encabezado por el socialista Enrique Cascallana, será investigado por el Tribunal de Cuentas por un préstamo de legislatura que, según los actuales responsables del municipio, se obtuvo incumpliendo la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Los hechos se remontan a junio de 2008, cuando se pidió un préstamos de 22 millones de euros para solucionar los problemas de financiación que ya entonces tenía el ayuntamiento.
El trámite se llevó a cabo aún cuando el interventor general del municipio había emitido antes un informe en el que alertaba de que no figuraba en el expediente que se hubiese pedido la necesaria autorización al Ministerio de Economía, por lo que podría estar violándose la ley.
Además, atrasos en los pagos
A la irregularidad inicial en la petición del préstamo hay que sumar los impagos que se han ido acumulando. Ya a partir de 2010 se empezaron a incumplir las fechas, aunque a final de año se regularizó la situación con un pago de más de dos millones de euros.
Pero sin embargo todas las cuotas correspondientes a 2011 se han dejado pendientes, por lo que el nuevo equipo de gobierno encabezado por David Pérez ha tenido que asumir 5,6 millones de euros de deuda del préstamo de legislatura de la anterior corporación.
El Ministerio de Economía miró a otro lado
Uno de los aspectos más sorprendentes del caso es que, según denuncia el actual alcalde David Pérez, el Ministerio de Economía estaba al tanto de la situación y de que el ayuntamiento de Alcorcón había pedido ese préstamo de forma irregular, ya que dicha deuda aparece en las ediciones de 2008, 2009 y 2010 del informe "Deuda viva de los ayuntamientos a 31 de diciembre".
Así que, tal y como denuncia el nuevo equipo de Gobierno popular de Alcorcón, el ministerio conocía la existencia del préstamo y, obviamente, sabía que no se le había pedido el preceptivo permiso, pese a lo cual no inició ninguna investigación ni denunció la irregularidad cometida.