José Luis Rodríguez Zapatero ya no será presidente de Gobierno dentro de 4 ó 5 meses. Puede que su ejecutoria en La Moncloa no haya sido brillante, pero eso poco cuando Rajoy o Rubalcaba le sucedan. Entonces quedará un país, España, en una gravísima crisis económica, de la que sólo podrá salir si se toman las decisiones pertinentes y no serán fáciles. Una buena manera de empezar podría ser repasar este Informe Recarte III. Entre la segunda recesión y las reformas.
A lo largo de los últimos días, Alberto Recarte ha ido desgranando en Libertad Digital sus recetas para salir de una recesión que amenaza con acabar con muchos de los logros conseguidos por España en las últimas décadas. El diagnóstico de Recarte ha sido claro desde el comienzo: la situación es muy grave, pero aún puede arreglarse si se toman las medidas necesarias. Eso sí, hay que asumir que serán dolorosas y que gran parte de la sociedad española tendrá que hacer importantes sacrificios. Hoy, se publica la última parte de este profundo ensayo.
En esta sección final, Recarte responde a las tres grandes preguntas a las que casi ningún político parece querer enfrentarse: ¿quién soportará los costes de la crisis?, ¿qué hay que hacer para fortalecer el Estado? y ¿cuáles son las cinco grandes reformas que ineludiblemente habrá que afrontar para comenzar el camino de la recuperación?
Tener claros los objetivos debe ser siempre el primer paso para fijar un plan de la recuperación. En este sentido, Recarte tiene dos prioritarios: 1. "Recuperar la competividad", algo que exigirá "sacrificios", puesto que se ha perdido la capacidad de competencia; y 2. Evitar la "ruptura del euro", que sería en estos momentos "una tragedia para la economía española".
Con este planteamiento claro, Recarte advierte de que será necesario "distribuir los costes de la crisis en la sociedad española", a través de una reforma tributaria que modifique muchas de las actuales figuras impositivas. Así, el autor pide una subida general del IRPF para las rentas muy altas; un incremento de los pagos por rentas del capital hasta el 23%; un aumento del IVA hasta el 22%, una reducción de las cotizaciones sociales de cinco puntos; una congelación de los salarios y pensiones más altos que pagan las administraciones públicas; una modificación del IRPF con una nueva escala para todos los empleados del sistema financiero, la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales durante tres años y la prohibición de los pagos en metálico de cantidades superiores a 500 euros, como medio para acabar con la economía sumergida.
En este proceso de transición desde una economía muy intervenida hacia una más eficiente, en la que prime la libertad individual y la libre empresa deben reforzarse determinadas competencias de control que garanticen las funciones básicas del Estado: la defensa de la ley y el orden y la obtención de justicia con rapidez. Para lograrlo, Recarte pide que se fortalezcan "la inspección de trabajo, la del sistema financiero y la Intervención de los gastos públicos del Estado", que se cree un Cuerpo Especial de Interventores para el control de las prestaciones públicas y se refuerce "la Inspección Fiscal" (especialmente en el control de la economía sumergida).
De esta manera, lo apuntado en las anteriores entregas de este Informe Recarte III podría resumirse en los cinco apartados sobre las grandes reformas pendientes con los que se cierra el texto:
"1º) Sistema financiero: Recapitalización con fondos públicos de las entidades que lo necesiten (...). Transformación jurídica definitiva de las Cajas de Ahorros en Bancos. Límites a la compra de deuda pública".
"2º) Reforma del sistema de convenios colectivos, para que dejen de ser obligatorios. Limitar el tipo de contratos de trabajo, pues todos serán indefinidos con una indemnización máxima de 20 días por año trabajado y un año completo de indemnización. Supresión de subvenciones de todas las administraciones públicas a Sindicatos y Asociaciones empresariales (...)".
"3º) Reforma del Sistema Tributario: modificando la estructura y tipos de los principales tributos y tasas, y eliminación del impuesto sobre patrimonio (...)".
"4º) Reforma del conjunto de las Administraciones Públicas, incluidos los Entes Empresariales de todo tipo, para evitar duplicidades en las competencias de las diferentes administraciones, así como para eliminar la prestación de servicios impropios (...)".
"5º) Las Cortes Españolas deberían aprobar (...) las modificaciones legales necesarias para dotar de poderes de coordinación y control de la política económica a los órganos que corresponda en la Unión Europea, por entender que es preciso eliminar incertidumbres sobre nuestra disposición para superar los actuales problemas de endeudamiento público y privado".