La polémica estaba servida desde hace tiempo, pero en los últimos días se ha agudizado. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez (exsindicalista de UGT), aprobó el pasado mayo ceder a CCOO su edificio en Pío Baroja 6, como resultado de la devolución de activos al Patrimonio Sindical Histórico. Aquí se ubica, actualmente, la Dirección General de Trabajo, la Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de la Responsabilidad Social de las Empresas y la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.
El inmueble, en pleno distrito madrileño del Retiro, cuenta con unos 7.000 metros cuadrados, cuatro plantas con oficinas y salas de juntas, un sótano y 45 plazas de garaje. En él trabajan 210 empleados del Ministerio desde hace 26 años. Trabajo, sin embargo, acordó el pasado 12 de mayo ceder este espacio a CCOO después de que sus 350 sindicalistas ubicados en la sede de Cristino Martos reivindicaran a finales de 2010 su traslado a un edificio mayor.
La idea del Ministerio consiste en trasladar a sus funcionarios a otra sede ubicada en Infanta Mercedes, en donde se encuentra el Servicio Jurídico de la Tesorería General de la Seguridad Social. Allí, se le cederán en principio dos plantas del edificio, pasando así de los acuales 7.000 a apenas 3.000 metros cuadrados.
La decisión obtuvo el visto bueno de la Comisión Consultiva del Patrimonio Sindical y el Ministerio de Trabajo tramitó el consiguiente expediente de cesión. Todo el proceso se llevó con la máxima discreción, hasta el punto de que los representantes de los funcionarios afectados desconocen si el citado expediente ha sido firmado por el subsecretario de Trabajo, trámite clave para consumar la entrega, prevista para principios de 2012.
Dado el malestar que provocó entre los afectados, la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (Fedeca), representando a este colectivo, se personó en el procedimiento el pasado junio, solicitando conocer el estado del expediente, las razones y fundamento del mismo, y exigiendo la paralización inmediata del desalojo. Es decir, la decisión está recurrida. Sin embargo, Trabajo está acelerando la ocupación del edificio por parte de CCOO.
Los empleados públicos del edificio denuncian que en los últimos días Trabajo ha procedido al desalojo de una de las plantas bajas del edificio, ordenando el traslado de algunos funcionarios a otra dependencia. "Quieren meter una avanzadilla de CCOO en el edificio. Hay prisa y lo van a ocupar de forma inminente", denuncian algunos de los afectados a Libre Mercado. Esta mañana los funcionarios han protagonizado un acto de protesta a las puertas de esta sede denunciando los hechos.
"Los agentes de CCOO suelen venir por la tarde, cuando termina nuestro horario laboral, para ver los despachos", aclaran. "Trabajo está actuando con nocturnidad y alevosía y violando la seguridad jurídica", según advierten fuentes de Fedeca.
Y es que este sindicato no ha recibido notificación alguna sobre la resolución del procedimiento pese a estar personado. De hecho, a día de hoy desconocen si el subsecretario de Trabajo ha procedido ya a firmar el expediente. Si lo ha firmado, Trabajo tiene la obligación de informar a Fedeca, y en caso de que no exista tal firma la ocupación de CCOO sería "ilegal", denuncian. El Ministerio de Trabajo ha declinado confirmar a este periódico la existencia de dicha firma.
Estas mismas fuentes de Fedeca aclaran que CCOO tiene "prisa por ocupar el edficio", ya que temen que la decisión sea revocada si el PP gana las elecciones generales de noviembre. De este modo, la ocupación previa podría ser alegada por CCOO como un "acto consumado", independientemente del resultado del recurso.
Fedeca, por su parte, alegó el pasado junio que, aunque "la cesión tendría apoyo legal", la normativa vigente (Real Decreto 1671/1986) estipula que la cesión de edificios a los sindicatos "tan sólo se producirá cuando se encuentren disponibles", lo cual no se produce en este caso.