La desastrosa situación financiera de la CAM no sólo refleja una mala gestión de sus administradores, sino que esconde una operación de prejubilaciones millonarias, y actuaciones de dudosa honorabilidad por parte del Banco de España y grandes esfuerzos públicos con dinero del contribuyente para "buscarle novio" a la entidad alicantina. Podría decirse que la Caja de Ahorros del Mediterráneo representa dos expolios, uno interno y otro externo.
Comencemos por el interno. Después de conocer la magnitud del agujero de la caja, sorprende enterarse de las gratificaciones millonarias con las que se felicitaron sus administradores por una gestión presumiblemente desastrosa. Tal y como publicaba este jueves el diario El Mundo, el ex director general de la caja y 4 colaboradores se prejubilaron poco antes de que el Banco de España inyectara 2.800 millones en la caja para evitar su quiebra. En concreto, se embolsaron 13,3 millones de euros en indemnizaciones justo antes de la intervención.
Dentro de esta operación, el caso más representativo es el de María Dolores Amorós, ex directora general de la entidad (cuyo despido fue decretado el martes por parte del Banco de España). El caso de María Dolores Amorós es el que ha sacado a la luz los importes que la caja pagó a los miembros de su comité de dirección. Los otros ejecutivos son Roberto López Abad (director general hasta el pasado diciembre), Agustín Llorca (director general adjunto), Vicente Soriano (director general de Recursos), Joaquín Meseguer (director general de Participaciones Empresariales) y Gabriel Sagristá (responsable de expansión de la caja).
Además, Amorós pretendía cobrar esta renta vitalicia de 369.497 euros anuales, decisión que fue uno de los motivos que precipitó su despido. La ejecutiva, sin embargo, se quedará sin cobrar esta pensión de por vida por haber sido objeto de despido disciplinario, salvo que recurra.
La directora general, dejó de serlo por ocultar la debilidad financiera de la caja y obviar sus problemas de solvencia, liquidez y rentabilidad. En segundo lugar, por ignorar los requerimientos del Banco de España para corregir las cuentas del primer semestre de 2011. En tercer lugar, por mentir sobre las cuentas a los técnicos del Frob en junio de 2011 al decir que que la entidad mantenía beneficios (81,1 millones). En cuarto lugar, por liberar provisiones de créditos de forma incorrecta; dejación en la obligación de realizar los saneamientos en las cuentas anuales de 2010; y hacer fracasar el SIP de Banco Base al presentar a sus socios una situación financiera de CAM distinta a la real.
También se le acusa de pagar gastos que no debería haber abonado por estar la empresa en pérdidas, como pagas extras, incentivos y aportaciones adicionales a los planes de pensiones. Infradotar el fondo de prejubilaciones y mejorar ficticiamente el balance individual de la caja. Por otro lado, realizó una gestión deficiente, descuidó a la clientela tradicional, programó un crecimiento fuera de lo razonable, recurrió en exceso a los mercados mayoristas y abusó de las operaciones de refinanciación de deuda para evitar que afloren activos tóxicos. Finalmente, dice la acusación que actuó en beneficio propio para fijarse esa pensión de jubilación vitalicia de 369.497 euros anuales.
El coste del rescate público
Pero los problemas de la CAM no se limitan a la gestión de su cúpula directiva. También ha habido, un expolio externo. Y es que, a pocos se les escapa a estas alturas la influencia del Banco de España en la entidad. La CAM no encuentra novio que le saque de la situación en la que se encuentra. El Banco de España le hace de padrino, y para tratar de garantizar la venta garantizará hasta 25.000 millones de euros en pérdidas, un dinero que saldrá del bolsillo de los contribuyentes.
Este mismo miércoles se cerraba la primera fase de la subasta de la CAM de "muy difícil realización", según fuentes financieras. Tan difícil está siendo esta operación, que el supervisor se vio forzado a diseñar un sistema de garantías muy generoso. Además, tuvo que rebajar algunas exigencias sobre consumo de recursos propios para aumentar el interés -muy escaso- depertado por la CAM entre los inversores.
El esquema de protección de activos EPA, se diseñó para prever que de los primeros 2.500 millones de pérdidas que ocasionen unos activos inmobiliarios tóxicos cuyo volumen ronda los 20.000 millones, el Frob cubrirá 2.000 millones. El resto de las pérdidas durante diez años estarán garantizadas en un 90%. Lo que podría ocasionar otro desembolso del Frob de 15.750 millones.
Pero es que a esta cantidad hay que sumar los 2.800 millones que ya se inyectaron para reforzar los niveles de capital de la CAM. Y no queda ahí la cosa, ya que cuando se intentó reflotar la CAM se le otorgó una línea de liquidez de 3.000 millones de euros. Todas estas cantidades suman un tope de 23.550 millones de euros para el bolsillo público.
En definitiva, una inversión que podría alcanzar los 26.350 millones (ya que el Banco de España está dispuesto a asegurar que proporcionará una línea de liquidez adicional de 2.800 millones) para tratar de hacer atractiva una caja que no logra remontar el vuelo. No sólo eso. Sino que ya el Banco de España ocultó parte de los problemas financieros de la caja cuando buscaba socios para la entidad alicantina y proyectaba integrarla dentro de Banco Base.
Con todo y después de ver no sólo las necesidades financieras de la caja, sino los tejemanejes de sus directivos, cobra especial relevancia la nota de prensa emitida por la entidad el pasado julio, hace apenas dos meses: "Caja Mediterráneo no necesita ninguna aportación de capital adicional". Entionces, inisitía en que había superado el test de estrés y que, en ningún caso, precisaría más dinero...