El presente ensayo de Alberto Recarte, que constará de seis entregas, es un análisis de los problemas de la economía española y de las reformas necesarias para salir de la crisis.
El análisis de la economía española y de la política económica necesaria para resolver nuestros problemas –el más llamativo de los cuales es la tasa de paro del 21%– debe hacerse teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado y que pertenecemos a la Unión Europea y al área euro, a la Unión Monetaria Europea.
La globalización ha hecho desaparecer, para la mayoría de los países, las fronteras comerciales, las barreras a los movimientos de capitales y las limitaciones –de hecho– a los movimientos de población. A este mundo globalizado se han incorporado, en los últimos 30 años, una serie de países con una población conjunta que supera los 2.500 millones de personas y que son capaces de competir en precios, y muchas veces en calidad, con los bienes y servicios que producimos en España. La competencia internacional se extiende al mercado del ahorro internacional y al de las inversiones directas, una forma de inversión que incorpora tecnología, conocimientos y acceso a los mercados mundiales.
La integración en la Unión Europea garantizó nuestro sistema democrático y eliminó trabas, intervencionismo y ayudas públicas incompatibles con la exigencia de competencia leal entre las empresas. La eliminación de barreras comerciales, financieras y personales dentro de la Unión se tradujo en la modernización de nuestro tejido productivo y en una crisis profunda de muchos sectores, que no estaban preparados para competir internacionalmente y que no pudieron superar los efectos negativos de la actuación de los sindicatos, que se habían convertido en los sucesores de los sindicatos verticales del corporativismo franquista. La delegación de competencias estatales en los sindicatos, desde la firma de los Pactos de la Moncloa, y la legalización de su intervencionismo en el Estatuto de los Trabajadores, ha influido en que el desempleo sea una constante en nuestro sistema productivo. Las alzas de precios y salarios, extendidas a toda la economía por el sistema de convenios colectivos, han terminado por indexar la mayoría de los salarios a la inflación. Simultáneamente, la intervención sindical en la toma de decisiones en la empresa ha limitado la flexibilidad interna necesaria para competir, en igualdad de oportunidades, con los países miembros de la Unión Europea y con el mundo globalizado.
La integración en el euro, en la Unión Monetaria Europea, hizo desaparecer las políticas monetarias nacionales de los países que firmaron el Tratado de Maastricht. Como se está demostrando desde hace dos años, las carencias del Tratado hacían inevitable la crisis de todo el área si se producían disparidades graves en el crecimiento y la productividad de las economías de los países miembros. El euro es ingeniería social de mala calidad. Las competencias del Banco Central Europeo son insuficientes. La ausencia de un presupuesto de la Unión Monetaria impide la intervención pública en momentos de desequilibrios económicos y financieros significativos. Estas carencias eran evidentes antes de la firma, pero se impusieron las tesis de los políticos de los países que se integraron, que querían lograr, aunque fuera irregularmente, una Unión política, a la que se oponían los votantes de algunos de los países que terminaron por integrarse.
Para España, Portugal, Grecia, Italia e incluso la propia Francia, la eliminación de las monedas nacionales ha significado renunciar a las devaluaciones, que permitían que la pérdida de valor de las respectivas monedas compensaran, al menos temporalmente, las pérdidas de competitividad, provocadas siempre por políticas irresponsables de los sindicatos o por las políticas presupuestarias y monetarias erróneas de los correspondientes gobiernos nacionales. Los países miembros del euro no tienen mecanismos de ajuste sencillos en casos de pérdida de competitividad. Lo único que pueden hacer es reformas que permitan que los precios y salarios de las empresas menos competitivas se reduzcan nominalmente y que se incentive al conjunto de las empresas para ganar productividad, sin interferencias sindicales. En la práctica, la única forma de hacerlo es negociando, a nivel de empresa, las condiciones de trabajo, los horarios, los salarios o las reducciones de plantilla. En definitiva, eliminando las regulaciones generales y los convenios colectivos. Lo que significa que los sindicatos, tal y como los conocemos, deben desaparecer y ser sustituidos por representantes laborales a nivel de cada empresa. En eso consiste la reforma del mercado de trabajo y de los convenios colectivos, en adecuar los salarios a la productividad de cada empresa y las condiciones laborales a lo que exige la competencia, cumpliendo las leyes laborales que el legislador considere imprescindibles para asegurar que no se producen situaciones de explotación de los trabajadores, o abuso de su capacidad de decisión, por parte de los empresarios.
a) La ausencia de una política de reformas
Esos tres fenómenos, la globalización, la integración en la Unión Europea y la adopción del euro como moneda nacional, obligaban a todos, y aún más a países como España, con una tradición económica intervencionista, con una política monetaria permanentemente expansiva y con unas cuentas públicas descontroladas, a hacer las reformas necesarias para evitar que la falta de competitividad se tradujera en desempleo y estancamiento económico. Los sucesivos gobiernos españoles han ignorado esas exigencias del mundo globalizado. Han sido mucho más activos tomando decisiones que nos ponían a la cabeza de las políticas aperturistas y de renuncia a la protección de la producción nacional que tomando medidas que limitaran el tamaño y el intervencionismo de las Administraciones Públicas y poniendo en vigor políticas reformistas que permitieran a nuestras empresas competir con las del resto del mundo.
b) El sistema educativo, la formación profesional, las tradiciones empresariales, la productividad y el desempleo
En última instancia, la productividad de un país está ligada al nivel educativo y a la formación de sus habitantes y a sus tradiciones empresariales. La baja productividad de nuestra economía es el resultado de nuestro histórico aislamiento exterior, de las deficiencias de nuestro sistema educativo –en el que se han impuesto el igualitarismo, la falta de exigencia, la indisciplina, el nepotismo y el corporativismo– y de la falta de un sistema de formación profesional conectado con las empresas. El deterioro del sistema educativo comienza en los años sesenta, en las postrimerías del franquismo, y se confirma durante la transición política. Es, en definitiva, el resultado de la combinación de políticas igualitaristas, denominadas "progresistas", de la falta de mecanismos de control sobre los partidos políticos y los sindicatos y de una moral familiar y social que no tiene en su escala de valores una consideración especial por el esfuerzo personal y la igualdad de oportunidades.
El deterioro del sistema educativo no es general; hay excepciones, relacionadas con la cultura regional o con proyectos privados o públicos que buscan la excelencia. Las diferencias entre las tradiciones empresariales de las distintas regiones, junto con esa evolución de los principios del sistema educativo, explican que en España convivan una economía moderna, muy productiva, que ha sido capaz de mantener nuestra participación en el comercio mundial en estos años y una economía atrasada, dependiente de las Administraciones Públicas, poco productiva, que existe en paralelo con una gran masa de parados, que tienen muy pocas posibilidades de encontrar empleo y que se localiza, sobre todo, en Castilla-La Mancha, Levante, Extremadura, Andalucía, Baleares y Canarias.
c) El ejemplo de Europa central
Las dificultades a las que se enfrenta la economía española no deben hacernos caer en la desesperación. El éxito de la Alemania actual es el resultado de más de tres lustros de reformas, que le han permitido superar el coste de la absorción de la Alemania del Este y de la integración en el euro a un tipo de cambio del marco sobrevalorado. Alemania tiene en su haber los efectos positivos de su tradición científica, industrial, educativa y formativa. Tiene, también, a su favor, un marco político en el que las competencias del Estado Federal y sus miembros están bien definidas y en el que el Tribunal Constitucional interpreta, con criterios puramente jurídicos, su Constitución. Sin ignorar el espíritu de cohesión social, al que colaboran, con su actuación, los partidos políticos, los sindicatos y la patronal, hasta que han logrado que la economía alemana vuelva a ser competitiva. Alemania no es una excepción. Comparte el éxito con Austria, Holanda, Dinamarca y Luxemburgo –que tienen tradiciones empresariales y políticas educativas y económicas similares– y con países como Suiza, los tres países nórdicos, e incluso algunas de las nuevas democracias del este europeo, como Chequia, Eslovaquia, Polonia y Hungría, que han recuperado parte de sus tradiciones, empresariales y educativas, una vez liquidado el comunismo.
d) Los problemas de la periferia
España comparte problemas sociales y políticos con países como Portugal, Italia, Grecia y la propia Francia. En todos ellos, las tradiciones del corporativismo fascista, del socialismo y del intervencionismo público en la vida económica, han resultado en sociedades en las que el poder no está en la sociedad civil sino en las minorías dirigentes de los partidos políticos, que lo comparten con los sindicatos y los representantes de las grandes empresas, que han terminado por aislarse del resto de la sociedad, olvidando las necesidades generales de la población.
e) La política económica necesaria para evitar la suspensión de pagos y para lograr el crecimiento
Para proponer una política económica coherente, que nos ayude a superar la actual crisis, es necesario, previamente, analizar la economía española desde distintas perspectivas. Tenemos problemas jurídicos, derivados directamente de la Constitución de 1978, que sirvió para superar el franquismo pero que, no ha sido reformada después, tal y como era necesario, pero sí interpretada, y deformada, de acuerdo a los intereses de las oligarquías de los partidos políticos, que son los que inspiran las resoluciones del Tribunal Constitucional. Tenemos problemas estructurales, provocados por la globalización, por la crisis del sector de la construcción, del inmobiliario, de las industrias y de los servicios dependientes de la construcción, por el peso cualitativo del sector financiero y por el crecimiento desmesurado de las autonomías, que se combinan con problemas territoriales, porque en España sigue habiendo un Norte y un Sur. Tenemos los problemas específicos de la zona euro que, son la consecuencia de un diseño defectuoso de las instituciones básicas de la Unión Monetaria. Esos problemas se concretan en la necesidad de cumplir un calendario de objetivos de reducción del déficit público y de reformas para estabilizar la economía y poder crecer dentro del euro. Tenemos problemas en el sistema financiero, derivados de la formación y del estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria, que afectan a su solvencia y su liquidez, lo que les impide conceder créditos a empresas y familias solventes. Y tenemos un problema en el mercado de trabajo y en el sistema de convenios colectivos, que son responsables, en parte, de que el paro haya alcanzado la tasa del 21% de la población activa.