El sector eléctrico en España está regulado, principalmente, por la Ley 54/1997. Más de cien hojas en las que, al igual que todo lo que aparece en el BOE, no se entiende prácticamente nada. Es una Ley que a mí me resulta especialmente cómica, puesto que en la exposición de la misma se hace una declaración de intenciones que luego, su propio desarrollo y nueva legislación posterior, se han encargado de no cumplir. Así, la Ley comienza con: "El suministro de energía eléctrica es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad. Su precio es un factor decisivo de la competitividad de buena parte de nuestra economía". Luego continúa escribiendo: "La presente Ley tiene, por consiguiente, como fin básico establecer la regulación del sector eléctrico, con el triple y tradicional objetivo de garantizar el suministro eléctrico, garantizar la calidad de dicho suministro y garantizar que se realice al menor coste posible..."
La realidad, en cambio, va por otros derroteros. Las primas al régimen especial, el cierre de la central nuclear de Garoña, las subastas eléctricas o la preferencia de despacho de las renovables no son sino ejemplos de cómo conseguir, precisamente, todo lo contrario a lo que el espíritu de la Ley establece. Todas esas medidas hacen que la electricidad nos cueste cada vez más y toda la legislación que nos ha conducido a esta situación debería ser erradicada de nuestro panorama eléctrico.
La regulación del sistema eléctrico español establece una distinción clara entre dos ámbitos de generación eléctrica: el régimen ordinario y el régimen especial. Sin entrar en matices diremos que el régimen ordinario está formado por todas aquellas centrales cuya potencia instalada sea igual o superior a 50 megavatios (MW). El régimen especial está formado, sin entrar en particularidades, por aquellas unidades de producción con potencia instalada menor de 50 MW que utilicen la cogeneración, energías renovables, biomasa, cualquier tipo de biocarburantes y residuos no renovables. Esta distinción artificial sentó las bases para mantener intervenido el sistema eléctrico. Así, el artículo 30 establece: "El régimen retributivo de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial se completará con la percepción de una prima...". Primas que se desarrollaron en legislaciones posteriores con los desastrosos resultados que ya conocemos.
Las tecnologías que componen el régimen ordinario son el carbón, el fuel-oil, las centrales nucleares, los ciclos combinados de gas y las grandes centrales hidroeléctricas con más de 50 MW. En el régimen especial se enclavan todas las demás tecnologías, incluidas las centrales hidroeléctricas con potencias instaladas menores de 50 MW. Constituye un error común identificar las energías renovables con el régimen especial. Curiosamente, los que caen en este error únicamente lo hacen cuando hablan de energía producida, atribuyendo a las renovables una energía que, en realidad, se produce a partir de fuentes no renovables. Ni todas las renovables están en el régimen especial, ni el régimen especial es enteramente renovable.
En 2010 y según datos de Red Eléctrica, el sistema español produjo 288.180 GWh, de los cuales el 68% correspondieron al régimen ordinario y el 32% restante al régimen especial. El desglose dentro del régimen especial, según datos de la Comisión Nacional de la Energía, fue el siguiente: cogeneración (25,8%), solar fotovoltaica (7%), solar térmica (0,8%), eólica (47,5%), hidráulica (7,4%), biomasa (3,4%), residuos (3,4%) y tratamiento de residuos (4,7%). Vemos que domina de forma clara la producción con energía eólica, cuya potencia instalada aumenta año a año, pero conviene hacer especial hincapié en que el 34% de la energía generada en el marco del régimen especial no es renovable. De hecho, la cogeneración se produce mayoritariamente quemando combustibles fósiles, especialmente gas.
Haciendo un breve comentario sobre las primas recibidas por el régimen especial (aunque merecerían un catálogo completo) cabe mencionar que, en 2010, ascendieron a más de siete mil millones de euros. De ellos, el 25% correspondieron a energías no renovables. Sí, aunque parezca increíble, estamos subvencionando empresas que generan energía quemando gas. La cogeneración se llevó, de hecho, la friolera de 1.324 millones de euros. La energía eólica se llevó 1.965 millones de euros. Pero, sin duda, el fenómeno más paranormal de la legislación eléctrica corresponde a la energía solar fotovoltaica. Esta tecnología se llevó 2.638 millones de euros en 2010. ¿En qué cabeza cabe que una tecnología que produce casi 7 veces menos que la eólica se lleve un 35% más en subvenciones?
No se crean que el problema se va a solucionar solo. Hasta julio de este año el régimen especial ya había recaudado 4.376 millones de euros. A este ritmo, en diciembre rondaremos los 8.000 millones de euros en subvenciones que pagaremos todos. Las primas al régimen especial se engloban dentro de los peajes de acceso a las redes de transporte de electricidad. El importe de estos peajes está fijado por el Gobierno y contribuye, en buena medida, al precio final que los consumidores pagamos por la electricidad. En artículos posteriores analizaremos esto en detalle, ahora basta decir que la mayor parte de estas subvenciones van a engordar el déficit de tarifa eléctrica, aumentando la deuda del Estado (es decir, la de todos nosotros).
Esta semana tuvo lugar la última subasta de electricidad. Ante un incremento notable en el precio de la misma, el Gobierno ha decido congelar el kWh precisamente disminuyendo los peajes de acceso a las redes. Pero esto es un engañabobos, pan para hoy y hambre para mañana, porque si bien el precio de la electricidad no subirá, lo que no paguemos ahora irá al déficit de tarifa aumentando nuestra deuda. No solo pagaremos esta deuda, sino también los intereses de la misma. Y suma y sigue, camino a una nueva recesión...