El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha confirmado que Castilla-La Mancha debe el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de decenas de edificios públicos y ha advertido de que estos impagos podrían retrasar el abono de las pensiones.
"En la práctica podemos tener problemas y perjudicar unos días a unos beneficiarios, y esto es espantoso para nosotros porque vivimos para pagar puntualmente las pensiones a nuestros pensionistas", ha señalado.
En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Granado ha apuntado que aunque legalmente las cuentas de la Seguridad Social son "inembargables", se podrían ver perjudicadas "si 70 ayuntamientos de una comunidad autónoma embargan cada uno de ellos decenas de cuentas corrientes".
Asimismo, ha insistido en que estos impagos se han producido a raíz del cambio de gobierno con motivo de las elecciones del pasado 23 de mayo, y ha remarcado que el Ejecutivo no tenía "ningún conocimiento" de esta situación. "Son más de 80 edificios, son varios millones de euros (...) da toda la sensación de que hay alcaldes del PP que han conjuntado actuaciones con la consejería", ha asegurado.
Por último, Granado ha afirmado que no existen antecedentes "de esta dimensión", y ha reconocido que el Gobierno tuvo "alguna referencia temporal" de esta situación en junio, aunque ha remarcado que estos impagos no tienen "justificación alguna".
Según un informe al que tuvo acceso la Cadena Ser, un total de 79 edificios gestionados por Castilla-La Mancha, aunque de titularidad de la Seguridad Social, no habrían abonado el IBI y habrían comenzado a recibir en las últimas semanas amenazas de embargo por parte de las autoridades tributarias.
La Junta responde
Ante tales acusaciones, el viceconsejero de Economía de Castilla-La Mancha, Timoteo Martínez, ha asegurado que "gran parte" de lo que debe la Comunidad Autónoma del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es acumulada de la anterior Administración presidida por José María Barreda, y ha añadido que se trata de "más sobre más".
"Habría que verlas con detalle [las facturas] porque una gran parte de esa deuda es acumulada de la Administración anterior", ha apuntado Martínez, quien ha señalado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal tiene que hacerse cargo de unas deudas acumuladas "brutales en términos porcentuales".