El Ejecutivo ha decidido dejarse en paz de demagogias y abandonar la doctrina Garoña para extender, por diez años más, la vida útil de la central nuclear de Ascó. Debemos felicitarnos por ello.

Los socialistas no conciben que haya “triunfadores privados”. Los buenos ricos, para cualquier resentido socialista, son aquellos que consiguen sus rentan por medio del favor estatal como empresas ecológicas, sindicalistas, artistas, políticos...

El gobierno griego no ha hecho absolutamente nada durante un año para acelerar las privatizaciones, reducir el sector público o liberalizar profesiones. Lo único que hace es crujir a impuestos lo que queda de sector privado.

A nadie se le escapa que la situación financiera actual, así como un incremento en la demanda de atención en un país en el que la esperanza de vida se encuentra en torno a los 82 años, son algunos factores de preocupación.

¿Qué pasará si nos sorprende una nueva tormenta financiera con una España inmersa en un proceso electoral e inhabilitada para tomar decisiones acordes? Pronto lo veremos porque el panorama apunta directamente en esa dirección.

Me llama la atención que los tribunales puedan declarar pródigo e incapacitar a un ciudadano cuando despilfarra su dinero y, sin embargo, no se pueda hacer lo mismo con los adictos al endeudamiento que nos gobiernan y que lo que dilapidan es dinero ajeno.

Los keynesianos actúan como esas viejas tribus en las que, cuando la enfermedad asolaba el poblado, no recurrían al médico, sino al brujo. En lugar de analizar la causa de la afección y tratar de corregirla, se conforman con la danza tribal de un chaman.

La residencia media de un pobre en EEUU es más amplia que la de un europeo medio.Entonces, ¿es que no hay pobres en EEUU? Claro que los hay. Una de cada 70 personas es un homeless.

El americano pobre tiene, como media, más espacio en su vivienda que el sueco o alemán medio. Nada de esto quiere decir que los pobres lo tengan fácil. Pero exagerar las condiciones de pobreza no hace ningún bien a Estados Unidos.

Digámoslo con claridad: la degradación de los servicios públicos no se debe a los mercados, sino a los Estados; a su inherente incapacidad para usar eficientemente los recursos, para conseguir más con menos.