El Ejecutivo del popular José Antonio Monago elaborará una nueva Ley de Servicios Sociales, que regulará como derecho de ciudadanía la renta básica, uno de los doce "mandamientos" que IU puso encima de la mesa para apoyar al Gobierno extremeño. La abstención de los tres ediles de la coalición posibilitó que Monago accediese el pasado mes de julio a la Presidencia de la Junta, como la fuerza más votada en las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.
Tras ser el único dirigente del PP en reclamar la recuperación del Impuesto de Patrimonio, aunque él defiende que este sea de ámbito estatal y no autonómico, Monago accederá ahora a otra de las peticiones de IU, la puesta en marcha de una renta básica o mínima para evitar la exclusión social de aquellas personas que carezcan de recursos. Así lo ha anunciado hoy la consejera de Salud y Política Social, Jerónima Sayagués, que ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Salud y Política Social de la Asamblea de Extremadura.
El diputado de IU en esta comisión, Víctor Casco, ha defendido la creación de esta renta mínima, porque ha considerado que, en una situación de crisis como ésta, la Junta "debe de poner encima de la mesa todo el dinero que sea posible para cubrir las necesidades básicas de la gente que no tienen empleo ni subsidios".
Casco ha manifestado que ésta debe de ser una de las leyes que debe salir del Parlamento extremeño en los próximos meses y ha precisado que actualmente en la región unas 33.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de recursos, por lo que "habrá que hacer todo lo posible" para que puedan acceder al derecho de renta básica. Ha precisado, además, que sólo un 4% de este colectivo percibe en la actualidad las Ayudas para la Integración en Situación de Emergencia Social (AISES) de la Junta de Extremadura, lo que ha considerado totalmente insuficiente, informa EFE.
Además, Casco ha reclamado a la consejera la agilización en el pago de estas ayudas, ya que en algunos ayuntamientos, como el de Badajoz, están paralizadas desde antes de las elecciones por problemas burocráticos, según denunció recientemente IU.