Quizás la decisión más polémica de todas las que ha tomado en el área económica en los últimos dos meses el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es la recuperación del Impuesto de Patrimonio (IP). Con esta medida, el Gobierno no sólo se ha rectificado a sí mismo (puesto que hace apenas tres años el mismísimo presidente aseguraba que este tributo era "desigual" y penalizaba a la "clase media), sino que lo ha hecho contra el criterio de los expertos que alertan contra un impuesto que castiga el ahorro.
Sin embargo, al Gobierno socialista no le ha importado lo más mínimo. Tras la insistente petición de su candidato a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, el pasado viernes el Consejo de Ministros volvía a implantar en España el IP, una figura impositiva que sólo Francia mantiene en toda la UE (y a un nivel muy inferior al español). La retórica del PSOE es que sólo los "muy ricos" pagarían, que era un esfuerzo necesario y que era una manera de repartir las cargas de la crisis.
La realidad es que muchas familias de clase media tendrán que pagar este impuesto, que penaliza a las clases medias-altas. Y Rodríguez Zapatero no tiene que ir muy lejos para darse cuenta de lo alejado que está su discurso de la realidad: en su Gabinete tiene varias muestras. Lo que no se sabe es si a Cristina Garmendia, Miguel Sebastián o José Manuel Campa están muy de acuerdo, pero lo estén o no, tendrán que rascarse el bolsillo a partir de este año.
Elena Salgado: la vicepresidenta económica, encargada de presentar en sociedad el nuevo IP, tendrá que pagar por este tributo, a no ser que su propio Gobierno pierda las elecciones, puesto que el PP ya ha asegurado que eliminará esta figura.
En la declaración de bienes de los diputados que se conoció la semana pasada declaraba un total de 556.000 euros en cuentas corrientes, depósitos y valores. A eso hay que sumar los bienes inmuebles, que según esta misma declaración se componen de un casa en Madrid, otro en Francia y una plaza de garaje. El total es fácil que supere los 700.000 euros (de hecho, hace dos años, cuando el Gobierno hizo relación de sus riquezas, sumaba más de 975.000 euros), por lo que tendrá que pagar. Habrá más de uno que piense que en el pecado lleva la penitencia.
Miguel Sebastián: el ministro de Industria también es un ricachón, según los parámetros de Rubalcaba. Aunque no aparece en la lista de diputados, en la declaración de hace un par de años presentaba unos bienes de 1,7 millones de euros, entre los que incluía un inmueble de 300.000. Su labor como profesor en la Universidad Autónoma y su gestión al frente del Servicio de Estudios del BBVA le han permitido atesorar un buen patrimonio y ahora tendrá que pagar por él.
Cristina Garmendia: sin duda, la millonaria del Gobierno es su ministra de Ciencia. En la declaración que presentó hace dos años admitía unos bienes de casi 5 millones de euros (de los que sólo 1,4 eran en inmuebles) contra un pasivo de 580.000 euros.
Garmendia no es política profesional sino científica y en este campo fundó una empresa de gran éxito (Genetrix), cuya propiedad es la razón de su alto patrimonio. Que sea precisamente ella la que más vaya a pagar por este impuesto es un ejemplo evidente de algunas de las peores características del tributo. Es la integrante del Gobierno que más éxito ha tenido en el sector privado (junto a Salgado y Sebastián, precisamente), y lo ha hecho siendo una excelente profesional en su campo científico y una buena empresaria. Su premio: una facturita con el membrete del Ministerio de Economía y la firma de Alfredo Pérez Rubalcaba.
José Manuel Campa: el secretario de Estado de Economía es otro ejemplo, al igual que Garmendia, de cómo el IP castiga a los que lo han hecho bien en su vida laboral. A todos ellos ya les han cobrado el IRPF en estos años (y el IS las sociedades en las que tienen intereses), pero ahora les cobrarán de nuevo.
Campa declaraba hace dos años bienes por valor de 2 millones de euros, por lo que la broma no le saldrá barata. El economista, licenciado en Harvard, ha sido profesor de finanzas y director de investigación del IESE Business School, consultor del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, de la Comisión Europea y del Servicio de Estudios del Banco de España. También ha ejercido como profesor en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Columbia, en la Stern School of Business, y en la Universidad Complutense de Madrid. Por todo ello, ahora será penalizado.
Alfredo Pérez Rubalcaba: pero no sólo ellos tendrán que pagar este IP. El promotor de la medida se verá obligado a poner también su parte, aunque si le sirve para lo que pretende (ganarse al sector más radical del electorado de izquierdas), posiblemente, lo dé por bien empleado.
El candidato socialista ha declarado un patrimonio en depósitos, fondos y otros valores de 984.281 euros, y dice ser copropietario con su esposa de un piso en Madrid y una plaza de aparcamiento comprados en 1978. Será un buen pellizco, aunque menor que el de sus ex compañeros de gabinete. Todos ellos hicieron buenas carreras en el sector privado (al revés que Rubalcaba, que lleva en la política desde el año 82), y por eso el candidato socialista cree que tienen que pagar. Si él gana, ya saben todos ellos lo que les espera.