La reimplantación del impuesto de patrimonio, exigida por Rubalcaba y concedida alegremente por el cesante y sus colegas del Consejo de Ministros, es tan sólo un componente más de la papilla demagógica servida a los simpatizantes de la izquierda más radical, esos que aplauden cualquier subida de la presión fiscal porque ni pagan impuestos ni tienen pensado contribuir a las arcas del estado en toda su vida.
Puesto que tanto los promotores de la idea como sus votantes tienen más que asumido que esta decisión no tiene nada que ver con la racionalidad en la gestión de las cuentas públicas, cualquier esfuerzo en explicar la injusticia y la inutilidad de un impuesto confiscatorio como el de patrimonio ha de resultar forzosamente en balde. La izquierda es refractaria al análisis desapasionado y lo único que pretende es transmitir un dogma, así que ningún razonamiento cartesiano va a hacer que sus votantes perciban que les están tomando el pelo. Allá ellos.
Siempre que gobiernan los socialistas los verdaderamente ricos preservan sus emporios con un tratamiento fiscal bastante benévolo que, en todo caso, todos ellos tienen la capacidad de sortear para que el gobierno no les toque ni un solo euro. Por supuesto, el que los ricos intenten conservar sus bienes es encomiable, y muy cretinos serían si permitieran que una pandilla de iletrados los despojaran de la riqueza honradamente adquirida. El problema es que con esos mismos socialistas, la clase media es ultrajada y los trabajadores enviados al paro a sobrevivir con un subsidio de risa.
Los ricos no pagan impuestos, ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo. En todo caso toleran declarar parte de sus riquezas siempre que el tratamiento fiscal no sea demasiado agresivo. En caso contrario se las llevan a otro lugar.
Si Rubalcaba quisiera de verdad hacer pagar a los ricos gravaría severamente el invento de las Sociedades de Inversión de Capital Variable, las famosas SICAVS, instrumento de ahorro colectivo que en realidad es un instrumento financiero personal con un tratamiento fiscal extraordinariamente ventajoso respecto a las fórmulas de ahorro tradicional. Es cierto que cada SICAV tiene que contar con al menos 100 participantes, como también lo es que, en el caso de los verdaderamente ricos, uno sólo es propietario del 99,99% de la sociedad, y el 0,01 restante está distribuido entre otros noventa y nueve "mariachis", generalmente familiares, empleados y amigos.
¿Por qué no propone Rubalcaba una tasa patrimonial para las SICAVS o su homologación con el tipo general del impuesto de sociedades? Pues, en primer lugar, porque el día antes de entrar en vigor ese decreto todas emigrarían fuera del ámbito fiscal español y, en segundo término, y esto quizá es más relevante, porque muchos de los palmeros del PSOE utilizan ese medio para mantener su dinero a salvo de la redistribución socialista y ningún dirigente del PSOE va a perjudicar a los que les hacen ganar las elecciones. Con el mal humor que se gasta últimamente, como para tocarle un euro a "nuestro director de cine más internacional".