El Gobierno luso ha aprobado este jueves un drástico recorte de entidades y puestos directivos en la Administración pública con el que pretende adelgazar la estructura del Estado y ahorrar en torno a cien millones de euros.
El Consejo de Ministros celebrado este jueves ejecutó las ya anunciadas reformas del aparato del Estado que superan las exigidas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio del rescate financiero luso.
Según el Gobierno, las medidas aprobada supondrán una reducción del 38 % de las "estructuras orgánicas" en la Administración central y de un 27 % de altos cargos.
Estas cifras se concretarán en la desaparición como tal de 162 entidades públicas (direcciones generales, órganos consultivos, secretarías generales) y de 1.712 puestos directivos, según anunció el Ejecutivo, informa EFE.
Portugal pasará de las 361 "estructuras orgánicas" dependientes de la Administración central con las que cuenta hoy a 224 en un plazo de dos meses, una cifra que incluye la aparición de 25 nuevas entidades, algunas de ellas fruto de la fusión de organismos. La plantilla de altos cargos superiores e intermedios, por su parte, se reducirá de los 6.286 actuales a 4.574.
El secretario de Estado de la Administración Pública, Hélder Rosalino, explicó a los periodistas que la decisión de acometer un amplio recorte como éste se debe a "la urgencia de reducir costes y hacer que el Estado sea más eficiente".
"Hay que ajustar la dimensión del Estado a su propia capacidad de financiación", defendió Rosalino, que no detalló las entidades afectadas por la reforma.
En el memorando de entendimiento acordado por las autoridades lusas con la UE y el FMI el pasado mes de mayo como contrapartida por su ayuda financiera, Portugal se comprometió a rebajar en al menos un 15 por ciento tanto las estructuras orgánicas dependientes de cada ministerio como el número de cargos.
"El Gobierno fue más allá de los objetivos definidos", destaca el informe oficial sobre el Plan de Reducción y Mejoría de la Administración Central, publicado este jueves por el Ministerio de Finanzas luso.
El Ejecutivo justificó estos recortes por la necesidad de "racionalizar" el sector público, en el que actualmente están empleados más de medio millón de portugueses, aunque la cifra exacta se desconoce. Por este motivo, el Consejo de Ministros ha aprobado este jueves también una disposición que obliga a todas las entidades públicas a informar trimestralmente sobre su organización laboral.
Más jueces para acelerar el proceso
El Ejecutivo portugués, también dio luz verde a la creación de equipos extraordinarios de jueces para aliviar el atasco existente en los juzgados especializados en tributación, donde se acumulan procesos en los que se dirime el pago de impuestos por cerca de 10.500 millones de euros.
Con estas medidas, Portugal aplica los compromisos establecidos con la UE y el FMI a cambio del rescate financiero, de 78.000 millones de euros que empezó a recibir en mayo. Lisboa decidió recurrir finalmente a la ayuda externa después de que la presión de los mercados encareciera hasta niveles insostenibles su financiación en los mercados de deuda.
Pero el severo programa de ajustes y reformas pactado con los organismos internacionales como contrapartida por esa ayuda puede no ser suficiente por un desvío en las cuentas públicas lusas, de 2.200 millones de euros, revelado por el Gobierno, de signo conservador, tras asumir el poder en junio pasado.
Parte de este desvío se compensará, según el Ejecutivo, con un nuevo impuesto sobre la paga de Navidad aunque todavía quedarán cerca de mil millones de euros por cubrir.
Para corregir el déficit no previsto, el Ejecutivo luso negocia a partir de este jueves con técnicos de la UE y el FMI la adopción de medidas adicionales de austeridad que se incluirán en los presupuestos para el ejercicio de 2012.