El Gobierno ha decidido dar marcha atrás a una medida que tomó hace tres años. Elena Salgado, después de varios meses asegurando que no estaba en la agenda del Ejecutivo subir los impuestos, ha aceptado presentar al Consejo de Ministros de este viernes una modificación en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Curiosamente, es una petición que ha hecho en repetidas ocasiones Alfredo Pérez Rubalcaba en las últimas semanas. El candidato del PSOE ha utilizado esta figura como una de las claves del giro a la izquierda que quiere dar a su campaña (curiosamente, no dijo nada de esto mientras era ministro). Y parece que va a lograr su objetivo, incluso aunque eso suponga deshacer lo que se aprobó en 2008.
¿A quién afectará?
A los que tengan un patrimonio superior a los 700.000 euros, aunque la vivienda habitual estará exenta en 300.000 euros. Por ejemplo, una persona que tenga una casa valorada en el catastro en 500.000 euros y además posea acciones por valor de 400.000 euros, no tendrá que pagar nada (500.000-300.000+400.000 = 600.000 euros, por debajo del mínimo exento). Sin embargo, alguien que no tenga vivienda pero posea acciones por valor de 900.000 euros, sí tendrá que pagar la cuota correspondiente.
No hay una cifra segura de cuántos contribuyentes estarán afectados, aunque se calcula que serán entre 150.000 y 200.000 personas (el Ministerio de Economía deja el número en 160.000). Su objetivo es recaudar algo más de 1.000 millones de euros, por lo que a a cada afectado le tocará pagar una media de 7.000 euros, aproximadamente.
Por cierto, que todo este revuelo, la mala publicidad que genera para España (como país que persigue a los que se enriquecen honradamente) y el riesgo de fuga de capitales sólo servirá para recaudar poco más de 1.000 millones de euros (según los propios datos de Economía). Teniendo en cuenta que el déficit previsto para este año es de 60.000 millones (y hay incertidumbre sobre si se podrá cumplir), el nuevo tributo apenas reducirá esta cantidad en un 1,6%. Parece mucho riesgo para tan poco fruto.
¿Cuál será el tipo aplicable?
En realidad, el Impuesto sobre el Patrimonio no estaba derogado: simplemente, el Gobierno decidió en 2008 bonificar toda la base imponible. Esto quiere decir que técnicamente todavía estaba vigente (sobre todo como forma de control de las posesiones de los contribuyentes) y lo único que hace ahora es volver a restablecerlo.
Por eso, en este punto de la cuestión, lo que más interesa es saber cuál será el tipo aplicable. Ni Elena Salgado ni ningún otro miembro del Gobierno ha ofrecido hasta ahora una cifra, lo que no es tranquilizador para los ahorradores españoles. En el anterior impuesto, el tipo iba subiendo del 0,2% para el primer tramo hasta el 2,5% a partir de los 10 millones de euros. Pero claro, entonces el mínimo exento era de 108.000 euros y ahora es de 700.000 por lo que lo previsible es que cambie también el tipo sobre el que se calcule la cuota. En las últimas semanas se ha hablado de unas cifras que van desde el 1% al 2%.
Lo que no dice Salgado
En la retórica del Gobierno está que éste es un impuesto que pagarán los ricos y que las clases medias quedarán al margen (evidentemente, había más gente pagando la anterior versión del impuesto, puesto que entonces estaban obligados todos aquellos con patrimonio superior a los 165.000 euros). Sin embargo, es muy dudoso que no vaya a afectar a eso que llaman clase media-alta.
Este grupo de la población está mayoritariamente formado por profesionales de nivel adquisitivo elevado. Es gente que ha progresado en su trabajo o con sus empresas y ha logrado acumular su particular patrimonio. Son los "ahorradores" de los que hablaba Rajoy hace unos días. De hecho, muchos diputados, según las cifras conocidas esta semana, superan ampliamente las cifras ofrecidas por Salgado y casi ninguno diría que tiene una "gran fortuna" como defienden en el Gobierno. Además, los más ricos siempre han sabido cómo manejar sus bienes para eludir el pago de este impuesto, entre otras cosas adscribiendo muchas de sus propiedades a alguna sociedad, con lo que pueden eludir parcialmente al Fisco.
Por otro lado, aunque 700.000 euros parezca mucho, lo cierto es que no lo es tanto. Cualquier español que haya ahorrado a lo largo de su vida laboral y haya logrado comprarse un par de viviendas estará en el límite de la frontera de Salgado. Además, hay que tener en cuenta que en numerosas ciudades se está revisando el catastro (cada diez años hay que hacerlo) y se está realizando mayoritariamente al alza (con precios casi de burbuja inmobiliaria, aun cuando el valor real de los pisos cae desde 2007).
Francia y el resto de Europa
Uno de los elementos que más se ha repetido es que casi ningún país de Europa mantiene un impuesto de este tipo, ni siquiera en un momento de grave crisis como el actual. Sólo Francia conserva este tipo de tributos y lo hace a un nivel muy inferior al que quiere implantar el Gobierno. En el país vecino, se cobra un 0,25% a los patrimonios superiores a 1,5 millones y un 0,5% a los que tienen más de 3 millones. A falta de saber las cifras concretas que dará el viernes Salgado, todo indica que los tipos españoles serán muy superiores.
Si no cambian (y al no haber dicho nada, parece que así será), el tipo marginal de España será del 2,5%, ¡cinco veces superior al francés!. Es como poner un mensaje a los ricos y a los inversores de todo el mundo diciendo: por favor, no vengáis a vivir a España.
España fue uno de los últimos países en erradicar esta figura que ahora, tres años después, el Gobierno quiere volver a rescatar del baúl de los recuerdos. Aparte de la inseguridad jurídica que este tipo de cambios ocasiona, hay que decir que no es casual que todos los países europeos lo derogasen. Casi todos los expertos se han hartado de repetir que este tributo castiga a los ahorradores e impone cargas sobre rentas que ya han sido tasadas hasta tres veces con anterioridad.
