Es complicadísimo organizar la quiebra ordenada de un país. Lo es aún más comunicarlo sin provocar pánico. De ahí la confusión reinante, que no resta un ápice a la evidencia de la reestructuración griega.
El martes una cadena holandesa anunciaba que fuentes anónimas del ministerio de Hacienda la consideraban segura. Ayer, todo el parlamento holandés aprobaba una moción pidiendo aclaraciones sobre las consecuencias.
El principal diario económico precisaba que los tenedores de bonos griegos perderían la mitad de lo debido. Explicaba que el segundo rescate a Grecia aprobado el 21 de julio, tras la insuficiencia del primero, todavía no plenamente desembolsado, no puede cambiar el hecho de que la deuda griega es insostenible.
Para prevenir el contagio, continuaba, España e Italia percibirían ayuda para financiar su deuda viva del Fondo Europeo de Estabilidad. A cambio, deberían prometer equilibrar sus gastos a corto plazo, de modo que su deuda "no crezca". Se exigiría un tope de la deuda similar, en más restringido, al pedido por los Republicanos a Obama, tan criticado este verano. Esto hasta que recuperaran la confianza de los mercados. Para hacer creíble la promesa de reforma, estos países deberían renunciar a sus derechos de voto o a percibir fondos estructurales. Medidas que se antojarían necesarias dado que las multas a quien no tiene dinero para pagarlas carecen de sentido.
Pero a la noche, el ministerio sólo confirmaba oficialmente lo que ya había declarado el ministro: que es complicado controlar una quiebra dentro de una unión monetaria. Que tendría efectos sobre bancos centrales y otros países. Que habría que estar en condiciones de compensarlos y que, por eso, se evaluaban internamente todas las posibilidades.
Mientras Merkel y Sarkozy reiteraban que la quiebra no era una opción y Francia se comprometía a hacer lo necesario para evitarlo, Austria se negaba a cambiar las condiciones del Fondo de Estabilidad, requeridas en el segundo rescate, hasta finales de mes, y surgían dudas en Eslovaquia, que sufrió una ruptura monetaria en la década de los noventa. Barroso afirmaba que presentaría opciones sobre los eurobonos y Rösler, vicecanciller alemán, contestaba: "Digo expresamente no a los eurobonos y esta es la posición del Gobierno federal alemán". El FMI desmentía que España e Italia necesitaran ayuda después de divulgar que la necesitaban.
Todo esto después de que el economista jefe del BCE dimitiera por no querer compartir la responsabilidad de comprar bonos y de que el primer ministro finlandés dijera que no aprobaría más préstamos sin obtener a cambio garantías en metálico.
Esta es la estrategia de comunicación a los ciudadanos de la quiebra griega. No es muy seguro que haya otra y parece que la inevitabilidad es la excusa perfecta tanto para esta como para su confusa transmisión a los europeos. Es, acaso, la única manera de afirmar en nuestro entorno hiper-politizado, archi-sofisticado y apocalípticamente neurótico: "hemos hecho todo lo posible, y no ha habido más remedio".