En los últimos días, PP y PSOE, los dos partidos que representan a casi el 90% de los españoles, se unieron para emprender una reforma constitucional cuyo propósito era limitar el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas. La urgencia con la que se tramitó venía justificada, según se nos decía, en que resultaba imprescindible que los inversores internacionales recuperaran la confianza en nuestra economía y un compromiso semejante en la Carta Magna contribuía decisivamente a ello.
Por supuesto, cuantas más garantías les ofrezcamos a nuestros acreedores, menores tipos de interés tenderán a exigirnos. El problema es que ahora mismo nuestra economía –mejor dicho, nuestro sector público– pierde día a día la credibilidad que pudiera restarle, pues el compromiso constitucional se ve diluido por el incumplimiento de otro compromiso más inminente: alcanzar el 6% de déficit para este año.
Si bien parece que, de momento, la Administración central está haciendo los deberes, las administraciones autonómicas lo están incumpliendo de manera flagrante. En los seis primeros meses del año, su déficit asciende al 1,2% del PIB, cuando para el conjunto del ejercicio tienen establecido un límite del 1,3%. Algunas comunidades, de hecho, incluso superan el 2%; es el caso de Castilla-La Mancha, Extremadura o Baleares.
A la luz de semejantes cifras, se entenderá la urgencia de algunos planes de ajuste tan enérgicos como el de Cospedal, pese al rechazo con el que han sido recibidos por algunos socialistas como Rubalcaba o Salgado; al parecer, para el PSOE, no existe una situación de emergencia que justifique esas medidas u otras aún más drásticas.
Ahora bien, no olvidemos que corresponde al Gobierno central la tarea de forzar a que las autonomías cumplan con sus compromisos financieros. Sin duda, los principales responsables del enorme despilfarro existente son los propios gestores autonómicos; pero el responsable subsidiario es el Gobierno de España. Si hubiese empleado la misma diligencia en reformar la Constitución que en aplicarla para controlar los desmanes autonómicos, jamás habríamos llegado a esta situación.