Si hay alguna causa ilegal, despótica y antieconómica, siempre se puede contar con el consenso socialdemócrata para abrazarla. Es lo que ocurre con la "unión fiscal".
Se entiende por tal a la permanente transferencia de fondos de los países ahorradores a los dispendiosos, no prevista en los tratados, y cuyo efecto económico es la perpetuación de una expansión crediticia, ya operada mediante rescates y compras de bonos, que mantiene en respiración asistida al euro sin resolver sus problemas de fondo.
La innovación jurídica de la UE consiste en ser una "comunidad de derecho" regida, según la expresión clásica, por leyes y no por hombres, que garantiza saber a qué atenerse.
En este contexto se enfrenta a una opinión socialmente generalizada en la que se desatiende el Derecho y la prohibición de lo arbitrario y se tiene por economía óptima a aquella que facilita el crédito, rebaja los intereses, tolera la inflación y mira con buenos ojos el gasto público, sobre todo si se lo apellida como "social".
Así, se ha dado por superada la última valla que impedía el advenimiento de la unión fiscal cuando el tribunal constitucional alemán ha avalado el gasto público germano destinado a ayudar a países deficitarios. Es un error. Sobre todo porque el comunicado del tribunal lo que advierte es la prohibición de convertir en permanente la transferencia de fondos, vedando así tanto el establecimiento de euro-bonos como el remedo de su compra por parte del BCE y, por supuesto, la cacareada unión fiscal.
Es decir, que por mucho que entusiasme a la elite dominante, apoyada por una prensa activista, se enfrenta con un pequeño inconveniente. Es ilegal, es despótica y es económicamente infructuosa. Todos ellos caracteres que la hacen especialmente irresistible para el consenso socialdemócrata, y más de un conservador en residencia.
Lo que significa el comunicado del tribunal es un paso más en la danza política de una Europa acostumbrada a milenarias batallas diplomáticas en las que el camino más corto entre dos puntos nunca es el recto. Tampoco hay que interpretar literalmente el informe del banco suizo UBS pintando de negro la salida del euro de alguno de sus integrantes, no siendo irrelevante que los mayores tenedores de deuda griega – la nación con más posibilidades de ausentarse del club – y por tanto llamados a asumir más pérdidas, de producirse el caso, son los bancos franceses y suizos, siendo UBS el mayor banco helvético.
Así que, si no es factible la unión fiscal, ni la solución inflacionista -aún más dramática para los alemanes, para quienes evoca el modo de pago de las reparaciones de la Gran Guerra y sus terribles consecuencias- no es imposible que se llegue por la fuerza de lo inevitable a la solución ortodoxa: reestructurar la deuda, al menos de Grecia, recapitalizando acaso los bancos afectados. Esto forzaría a controlar el gasto público, base imprescindible de una sana recuperación, contraria, por tanto, a los mundanos intereses del consenso socialdemócrata.