Alfredo Pérez Rubalcaba se ha escorado a la izquierda en este comienzo de campaña. El candidato del PSOE, quizás temeroso de perder votos entre un electorado socialista desencantado con las últimas propuestas del Gobierno, ha iniciado la campaña electoral presentando varias propuestas que hace bandera de algunas de las reivindicaciones clásicas del socialismo: cobrar más a los ricos y a la banca.
Rubalcaba acudió el lunes a los estudios de la Cadena Ser para presentar dos de sus promesas en materia fiscal: "Voy a tocar impuestos, concretamente dos que ya tengo decididos, que son Patrimonio, no el actual que hacía recaer una parte importante sobre las clases medias, sino redefinido, porque los grandes patrimonios tienen que pagar, y el impuesto a los bancos". Con estos dos nuevos tributos aseguró que recaudará 2.500 millones de euros (1.400 por Patrimonio y 1.100 por el impuesto a la banca). El problema es que, más allá de que se comparta o no la medida, las cuentas no salen.
Como sobre el impuesto a la banca todavía no hay detalles, será más sencillo comenzar por la recuperación del viejo Impuesto sobre el Patrimonio, que suprimió el propio Gobierno socialista en 2008 (en realidad, lo que se hizo fue bonificar al 100% a los contribuyentes, manteniendo la figura vigente). Rubalcaba aseguró que sólo lo rescatará para los grandes patrimonios, por lo que se supone que sólo afectará a aquéllos que sumen más de 1,5 millones de euros, unos 50.000 contribuyentes (votantes) si se toman como referencia los datos fiscales de 2007.
Según Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, en 2003 la recaudación de dicho impuesto en 2003 fue de unos 1.000 millones de euros, de los que el 56% pertenecía a patrimonios inferiores a los 1,5 millones. Cuatro años después (2007), en plano apogeo de la burbuja inmobiliaria, la recaudación fue de unos 2.000 millones, con un 42% de fortunas inferiores a ese millón y medio.
Por lo tanto, haciendo unas cuentas realistas y suponiendo que los patrimonios han sufrido una ligera (o no tan ligera) merma como consecuencia de la crisis, no es aventurado suponer que será difícil recaudar más de unos 1.000 millones de euros. De hecho, dado el retroceso sufrido en estos años de crisis, tomando como referencia los datos de 2003, antes de la burbuja, recuperar Patrimonio apenas lograría recaudar unos 500 millones de euros extra.
El Gobierno tiene una previsión de déficit de unos 60.000 millones de euros para 2011 (aunque será difícil cumplirla con la actual ralentización de la actividad). De este modo, incluso admitiendo los supuestos más optimistas del Ejecutivo, estaríamos hablando de que el nuevo Impuesto reduciría el déficit entre 500 y 700 millones de euros como máximo, es decir, apenas un 1% del déficit total previsto.
A cambio, el Gobierno estaría enajenando la voluntad de miles de personas que podrían decidir marcharse de España en busca de nuevos destinos más amables fiscalmente. Además, muchas familias de clase media-alta, con un par de casas (una vivienda en la ciudad y otra en la playa) entrarían a pagar un impuesto por bienes que han comprado con rentas sobre las que ya han tributado (doble imposición).
Como puede verse en la tabla inferior, sólo Francia mantiene el Impuesto de Patrimonio en toda la UE y, de hecho, lo ha reducido este año del 1,5% al 0,5%. Incluso, entre los países que han hablado de incrementar los impuestos a los ricos, como Portugal, ninguno ha planteado recuperar Patrimonio, sino que se buscan otras alternativas. Las razones son claras: por una parte, los grandes capitales saben cómo manejar sus fortunas para eludir lo más posible al Fisco. En España, fue habitual adscribir bienes (fincas, barcos, coches,...) a las sociedades, para así evitar el pago de este tributo. De ahí, precisamente, que este tipo de fiscalidad para ricos acabe finalmente sobre los hombros de la clase media enriquecida (profesionales que han dado un pequeño paso adelante en su profesión y que se ven penalizados por su éxito).
Por otro lado, los capitales se mueven con mucha rapidez en el siglo XXI. Estos capitales ya han sido sometidos a una doble imposición normalmente: a través del Impuesto de Sociedades y cuando se cobran dividendos. Por eso, si un país intenta cobrar de nuevo, no es difícil prever una inmediata fuga de capitales (además de ser una pésima publicidad para nuevos inversores). Es un gran riesgo que habría que valorar si vale la pena correr a cambio de una mínima reducción en el déficit.
