Los querellantes contra los Ruiz-Mateos aumentan hasta los 250

La querella contra la familia Ruiz-Mateos, que se encuentra admitida a trámite en la Audiencia Nacional, ha ampliado su número de querellantes hasta unos 250 afectados, frente a los 63 inversores que la interpusieron inicialmente, han indicado a EFE fuentes jurídicas.

A la querella interpuesta inicialmente por los 63 querellantes asesorados por el despacho Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero Abogados, que invirtieron 9,44 millones de euros, se han adherido tanto nuevos afectados como otros despachos de abogados que representan a clientes perjudicados.

Fuentes de este bufete de abogados, han detallado que han solicitado una ampliación de la fianza a 20 millones de euros sobre los 13 que inicialmente habían pedido cuando presentaron su querella, al haber aumentado la base de afectados que directamente representan, que en estos momentos ronda el centenar.

La querella contra José María Ruiz-Mateos, su mujer, María Teresa Rivero, sus seis hijos varones y un sobrino por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, delito contra los consumidores y administración desleal, se dirige además contra las empresas Inversiones Ruiz Mateos, Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, Rumanova, Maspalomas Hoteles, Carcesa, Grupo Dhul y Clesa.

Según informó en su escrito la Fiscalía Anticorrupción a la Audiencia Nacional, había identificado a 1.017 inversores que suscribieron pagarés de distintas empresas de Nueva Rumasa por un importe de 90.496.357 euros, según los datos disponibles hasta diciembre de 2009, aunque se desconoce el número de inversores posteriores aparte de los querellantes y denunciantes.

En este escrito, Anticorrupción informaba de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) considera que "Nueva Rumasa podría alcanzar un número mínimo de 147 empresas, que funcionan bajo el principio de caja única y que actúan bajo una unidad de decisión atribuible a la familia Ruiz-Mateos y singularmente a sus miembros varones".

La AEAT caracteriza a este grupo de empresas por su "total opacidad, ya que su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en paraísos fiscales, jurisdicciones no cooperantes y otros territorios de riesgo", en total 27 sociedades en Belice, 2 en Panamá, y 4 en Holanda, cuyo representante "suele ser uno de los que se consideran sus testaferros habituales".