Una ciudad-estado creada en medio de la nada. Así puede resumirse el proyecto que va a poner en marcha el Gobierno de Honduras con el objetivo de transformar el país en una potencia económica mundial.
La idea es simple: se toma un área deshabitada, se le otorgan leyes propias, diferentes a las del resto del país, que no obstaculicen la inversión ni la creación de empleo, y se abre la puerta a cuantos empresarios nacionales o extranjeros estén dispuestos a instalarse. El resultado, a juzgar por la experienca de Singapur, Hong Kong y otras ciudades asiáticas con legislaciones de este tipo, debería ser un desarrollo espectacular.
¿Es posible algo así? El presidente del Congreso de Honduras, Juan Orlando Hernández, cree que sí: "Bajo este régimen legal especial el resultado inmediato sería una cantidad masiva de empleo, el necesario para construir autopistas, puertos, aeropuertos y toda la infraestructura de las instalaciones de las empresas que vengan".
La posibilidad de ofrecer empleos a gran escala sería particularmente beneficiosa para un país en el que la falta de oportunidades empuja a la emigración a unos 100.000 ciudadanos cada año. La mayoría de ellos parte hacia Estados Unidos y lo hace con carácter ilegal, a través de la frontera con México, donde nueve de cada diez son detenidos y deportados.
"Hemos recibido ofertas [para instalarse en la futura ciudad] de grandes empresas que ensamblan vehiculos, electrodomésticos y tambien productos de alta tecnologia", añade Hernández. Entre otras corporaciones, el Gobierno ha citado expresamente a Goldman Sachs y a la Fundación Abu Dhabi para el Desarrollo. "Este sistema ya ha dado resultado en otros países del mundo. Muchos podrán decir es ilusorio, pero el que no sueña no logra nada, y en Honduras tenemos que hacer cosas diferentes".
Si el proyecto tiene éxito podrían florecer varias de estas ciudades, y Honduras, el país más pobre de América después de Haití, se convertiría en el equivalente centroamericano de los 'tigres asiáticos'. En enero el Congreso hondureño modificó la Constitución del país para dar cobijo a las llamadas Regiones Especiales de Desarrollo (RED), nombre oficial de las ciudades modelo, y hace apenas un mes, a finales de julio, aprobó la ley que regulará estas nuevas entidades.
Cuatro posibles regiones
En ella, las RED son definidas como comunidades urbanas orientadas a atraer desarrollo acelerado al país mediante "un ambiente estable" y "reglas transparentes", que sean capaces de captar la inversión nacional y extranjera y crear empleos.
Según la ley, las RED pertenecen al estado de Honduras pero se rigen por normas propias, tienen su propio presupuesto y gozan de una gran autonomía: recaudarán y administrarán sus impuestos, establecerán las tasas que consideren adecuadas por los servicios que presten y contratarán sus propias deudas internas o externas. No emitirán su propia moneda, pero podrán determinar cuál o cuáles circulan en su territorio.
También podrán tener una policía y un cuerpo civil administrativo propios, firmar tratados comerciales con otros países, establecer su normativa de inmigración y adoptar "las mejores prácticas internacionales con el propósito de atraer la inversión nacional e internacional".
El Gobierno analiza ahora junto a los inversores interesados cuatro regiones del país, cada una de ellas de, aproximadamente, unos 1.000 kilómetros cuadrados, para determinar en cuál de ellas pondrá en marcha el primer "Hong Kong hondureño". Se espera que las obras de infraestructura comiencen a mediados del próximo año, y que la ciudad funcione por completo en el 2020.
La figura de Paul Romer
¿De dónde ha sacado el Gobierno de Honduras una propuesta tan revolucionaria? Todo este proyecto es el fruto de la mente de un brillante economista, Paul Romer, ex profesor de la Universidad de Stanford y empresario de éxito, ahora reconvertido en "predicador" de las ciudades modelo (charter cities) como el mejor camino para acabar con la pobreza en el mundo.
Romer desarrolló esta propuesta a partir de su idea de que el desarrollo depende de las normas por las que se rijen las relaciones económicas. Los países pobres lo son porque sus normas, deficientes, desincentivan la inversión y la creatividad empresarial.
En sus conferencias, Romer cita el caso de Guinea, donde todos los adolescentes tienen acceso a un teléfono móvil, pero muchos de ellos hacen los deberes escolares en la calle, debajo de una farola, porque en sus casas no tienen luz.
¿Cómo es posible, si la electricidad es una tecnología mucho más antigua y menos sofisticada que la telefonía móvil? Simplemente, los controles de precios sobre la electricidad destruyen los incentivos de los empresarios, que no invierten en la red porque pierden dinero con cada unidad adicional instalada. En el sector de la telefonía no existen esas restricciones y el acceso a sus servicios es universal.
La solución parece evidente: eliminar los controles de precios. Sin embargo, las reglas ya existentes no se pueden cambiar tan fácilmente, debido a la inercia y a los intereses creados. Cuando el presidente de Guinea lo intentó los empresarios de otros sectores y los consumidores se levantaron en protestas. Tuvo que dar marcha atrás.
En Guinea quizá no sea posible cambiar las normas, pero en una charter city, creada donde antes no había nada, se puede partir de cero con reglas eficientes. De igual forma, una norma que favorezca la inversión y la creatividad empresarial en Honduras seguramente encontrará resistencia si afecta a todo el país. Pero en la ciudad modelo que se va a crear nadie pondrá objeciones, puesto que nadie está obligado a instalarse en ella.
El año pasado, en el transcurso de un viaje oficial a Estados Unidos, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, y el del Congreso, Juan Orlando Hernández, conocieron el proyecto de Romer y regresaron a su país decididos a ponerlo en práctica. Invitaron al economista a dirigirse al Congreso de la nación, que acogió sus ideas con entusiasmo y las convirtió en ley. Dos meses después una comisión de 30 congresistas viajó a Singapur y Korea para negociar con los constructores que pondrán en pie la nueva ciudad.
Romer pronostica que diez años después de la creación de la primera RED la economía hondureña crecerá a un ritmo de entre el 7% o el 8% anual, y que en veinte años la renta per cápita de quienes trabajen en las RED podría llegar a 32.000 dólares, unas quince veces superior a la actual. Honduras alcanzaría con ello el pleno empleo: "De manera directa o indirecta, en unos 10 años todo hondureño que quiera trabajar lo va a poder hacer", aseguró Romer en su última visita al país centroamericano.
Durante los primeros años, estos puestos de trabajo darán oportunidades a personas de baja cualificación, como ocurrió en las ciudades modelo asiáticas. "Estas ciudades ofrecen oportunidades de trabajo a mano de obra poco calificada, que se educa mientras trabaja y gradualmente asciende socialmente hasta llegar a ser parte de la clase media y algunos van más allá", dijo el ministro de Presidencia hondureño, Octavio Sánchez. "En los países que adoptaron modelos de crecimiento rápido parecidos a éste se puede ver con claridad".
La mayoría de los empresarios hondureños apoyan al Gobierno. "Si Honduras logra fundar ciudades modelo se colocará en el concierto de las naciones latinoamericanas de más rápido crecimiento y desarrollo social", declaró la presidenta de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Aline Flores.
Los críticos del proyecto consideran que pone en entredicho la soberanía nacional al entregar a inversores privados una parte del territorio, y califican las ideas de Romer como "nuevo colonialismo". Sin embargo, la ley que regula las RED establece en su artículo uno que éstas son "parte inalienable del Estado de Honduras", que mantiene en todo caso la soberanía, así como las competencias en defensa y asuntos exteriores. Además, las RED se someterán al código penal hondureño y estarán administradas por un gobernador, de nacionalidad hondureña, con competencias similares a las de un alcalde, y los hondureños podrán entrar y salir libremente de su territorio.
"La soberania, lógicamente, es nuestra, es un territorio hondureño", aseguró el presidente Lobo Sosa en una rueda de prensa. "Sólo que en esa porción de territorio hay reglas especiales que permiten que la inversion fluya sin restricciones, que haya confianza y seguridad juridica, que no haya delincuencia y la gente pueda vivir con dignidad, con acceso a la educación y a la salud".
"¿Qué problema puede haber? Tenemos un espacio del territorio nacional donde ahora hay nada. Allí se van a construir fábricas, escuelas, hospitales, universidades, etc., y allí se van a quedar, porque nadie puede llevárselas".
Según Paul Romer, "una ciudad satélite como lo fue Hong Kong dentro del territorio chino puede hacer que, como sucedió en aquel país, toda Honduras se vea beneficiada con la llegada de capitales extranjeros, la contratación de mano de obra y los desarrollos tecnológicos".