El 23 de agosto el presidente de Gobierno anunciaba, dentro de sus improvisadas y tardías medidas anticrisis, la necesidad de trasladar la disciplina presupuestaria de limitación del déficit público a la Carta Magna del Estado.
La idea, que ha generado división y malestar dentro del seno del PSOE y aceptación dentro del PP, en principio suena bien. Al menos habría una cláusula, dentro del título VII (y muy probablemente entre los artículos 134 y 136), que contrarrestaría la visión estatista de la economía que la constitución española promueve.
Sin embargo, y a expensas de que la reforma en términos relativos y aislados está bien encaminada, me temo que nos encontramos ante una medida insuficiente, probablemente inocua, y previsiblemente perniciosa.
Existen varias razones para dicha afirmación. En primer lugar la medida no se aplicará hasta el 2018-2020. En segundo lugar, desconocemos el tope de déficit que se incorporaría, aunque ya se está especulando que no llegará al techo alemán del 0,35%. Tercero, bajo la categoría de "déficit estructural" pretenden incorporar una reforma "flexible y equilibrada", que les permita modificar el desajuste presupuestario anualmente (o lo que es lo mismo, según le convenga o así lo requiera el Estado de bienestar). Y cuarto, se añadirán cláusulas excepcionales (que aún desconocemos y que serán claves), porque según Elena Salgado otra cosa sería "atarse las manos" y "no poder estimular la economía". ¿Y a esto llamamos disciplina?
Pero no sólo existe un problema evidente de criterio y sentido común a la hora de elaborar una reforma constitucional que realmente impida al Gobierno endeudarse a costa del ciudadano y generar déficit deliberadamente, sino que también existe un motivo dudoso, y unas previsibles consecuencias perniciosas.
El motivo es la creación de un "verdadero Gobierno económico para la UE" que está empujando a que éste cambio se produzca en 17 países de la zona euro. Si el poder político de facto de la UE es capaz de producir cambios constitucionales en materia económica, no cabe duda alguna que nos encontramos ante un grave peligro, a largo plazo, de centralización económica en Bruselas que bajo el mismo fondo estatista podría poner en mayor peligro el verdadero bienestar social de los ciudadanos españoles.
Y las consecuencias perniciosas porque ante esta nueva medida de tope constitucional al déficit, y supuestamente a la deuda pública, ya se está especulando en generar mayor presión impositiva alegando, por ejemplo, que el 35% español del impuesto de sociedades es muy bajo frente al 45% alemán. En pocas palabras, si se corta el gasto con topes a las deudas públicas, el Estado no tendrá inconvenientes en seguir gastando pero ahora a costa directa de empresas y ciudadanos. De ahí que una "disciplina presupuestaria" de limitación del déficit público tal como se pretende incorporar en la Carta Magna sea coja y perniciosa si no va acompañada, por ejemplo, de un tope tributario que realmente exija al Gobierno "apretar su cinturón" y no el de la sociedad española.