La historia se repite. En mayo de 2010 el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se vio obligado, en contra de su voluntad y de sus principios ideológicos, a presentar un histórico paquete de recortes presupuestarios (congelación de pensiones y rebaja salarial a los funcionarios, entre otras medidas) con carácter de urgencia ante el Congreso para tratar de evitar la bancarrota de España.
Este mes de agosto acaba de acontecer algo muy similar. El Banco Central Europeo (BCE) intervino en el mercado de deuda pública de España e Italia hace ahora algo más de dos semanas para tratar de rebajar la disparada prima de riesgo que presentaban ambos países. Desde entonces, el organismo monetario ha adquirido unos 36.000 millones de euros en bonos periféricos, aunque se desconocen por el momento las cuantías exactas correspondientes a España e Italia.
Tras la primera adquisición, la prensa italiana filtró una carta enviada por el BCE al Gobierno de Berlusconi en la que imponía determinadas condiciones. Días después, Roma aprobó un plan de ajuste para tratar de reequilibrar sus cuentas públicas en línea con lo estipulado desde Bruselas.
El Gobierno español, sin embargo, echa balones fuera ante las reiteradas preguntas de los medios acerca de una supuesta carta remitida igualmente desde el BCE. De hecho, la ministra de Economía, Elena Salgado, insiste en que las últimas medidas económicas propuestas con urgencia desde Moncloa no responden a ningún mandato externo sino a una decisión "autónoma". Pero los hechos no concuerdan con tales declaraciones.
Reforma constitucional
En primer lugar, Zapatero propuso este martes, por sorpresa, reformar la Constitución para limitar el déficit público y la deuda a partir de 2018 ó 2020. Esta medida ha sido reiteradamente rechazada por el PSOE... Hasta ahora. ¿A qué responde dicho cambio? El Gobierno comenzó a plantearse la posibilidad de reformar la Constitución en la segunda semana de agosto, horas después de que el BCE anunciase la compra de bonos españoles.
La reunión del BCE en la que se trató este tema tuvo lugar el 7 de agosto, y el día 10 -miércoles- Salgado solicitó un informe jurídico a sus asesores paras saber si la modificación constitucional para limitar el déficit era posible y, en concreto, de qué modo podía llevarse a efecto, según informa este jueves El Mundo. Lo que más llama la atención es la celeridad con la que se tomó esta decisión, que carece de precedentes.
A la semana siguiente, el presidente galo, Nicolas Sarkozy, y la canciller alemana, Angela Merkel, celebraron una reunión bilateral en la que instaban explícitamente a los 17 socios miembros de la zona euro a introducir límites constitucionales al déficit antes de mediados de 2012. España ha sido el primer país en recoger tal iniciativa, que ya fue instaurada por Alemania en 2009. En estos últimos días, Zapatero aceleró los contactos políticos para poner en marcha tal reforma, alegando ante la cúpula del PSOE que "es la medida menos dura de las que se podía tomar".
Moderación salarial
Asimismo, Zapatero se reunió el pasado 17 de agosto en el Palacio de La Moncloa con los máximos dirigentes de CC.OO., UGT y CEOE, Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez y Juan Rosell, para abordar la situación económica y pedirles un nuevo esfuerzo de moderación salarial, según han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación. Lo sorprendente, una vez más, es que tal reunión se desarrolló en secreto, según informa El País.
Pero más allá de lo que comentaron durante este encuentro, lo cierto es que la respuesta sindical no se hizo esperar y al día siguiente los dirigentes de CCOO y UGT hicieron pública una carta que habían enviado a Zapatero y que puede interpretarse como la respuesta de ambas organizaciones a las peticiones del presidente.
En aquella carta, Toxo y Méndez le expresaban su preocupación por la gravedad de la situación económica y realizaban una serie de propuestas dirigidas a dinamizar la actividad. Entre dichas propuestas, los dirigentes sindicales se mostraban dispuestos a seguir apoyando la moderación salarial más allá de 2012 -hasta 2014- a cambio de desbloquear los convenios colectivos y de un compromiso firme de las empresas para contener sus beneficios empresariales y para invertir sus excedentes en la mejora del tejido productivo.
El acuerdo de negociación colectiva firmado entre sindicatos y patronal para el periodo 2010-2012 contempla un incremento salarial del 1% para 2010, de entre el 1% y el 2% para 2011 y de entre el 1,5% y el 2,5% para 2012.
Reforma laboral
También en agosto se ha gestado una nueva reforma laboral por la puerta de atrás que, en gran medida, tumba algunos de los preceptos establecidos en la anterior reforma. Así, por ejemplo, Trabajo suspenderá durante dos años el actual límite para encadenar contratos temporales y derogar el actual contrato de formación, implantando uno nuevo, denominado contrato de formación y aprendizaje que, muy al estilo alemán, permitirá a los jóvenes sin cualificación combinar trabajo y formación, cobrando para ello un salario que, proporcionalmente a la jornada laboral desempeñada, no podrá ser inferior en ningún caso al salario mínimo interprofesional (SMI).
Además, estos nuevos contratos de formación en su mayoría estarán exentos de cotizar a la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 2013. Estos parches laborales serán aprobados este viernes en Consejo de Ministros.
Nuevo ajuste fiscal
Por último, y al igual que ha acontecido en Italia, el Gobierno se plantea seriamente subir los impuestos a las rentas altas, una medida descartada hasta hace apenas unas semanas. Así, más allá de la hipoteca fiscal impuesta a las grandes empresas el pasado viernes, el recorte del gasto farmacéutico o la reducción del IVA al 4% para la compra de vivienda nueva, medidas todas ellas aprobadas igualmente por vía de urgencia mediante un Real-Decreto, Economía podría otorgar luz verde este mismo viernes a un nuevo aumento tributario.
En definitiva, las prisas y los bandazos ofrecidos por el Gobierno estas últimas semanas para poner en marcha nuevas medidas económicas coinciden con la intervención del BCE en el mercado de deuda nacional, lo cual implica un rescate encubierto. ¿Casualidad?