En los últimos días, destacados empresarios e inversores han sorprendido a propios y extraños solicitando a sus respectivos gobiernos una nueva subida fiscal a las grandes fortunas. El famoso inversor estadounidense Warren Buffett fue el primero en abrir la veda, tras denunciar un trato de favor por parte de Washington a las grandes fortunas debido, según él, a la baja fiscalidad de la que disfrutan en EEUU.
El guante fue recogido poco después por los grandes empresarios de Francia. Dieciséis de las mayores fortunas galas solicitaron al Gobierno de París, a través de una carta publicada en prensa, que les imponga un impuesto especial para aumentar la recaudación fiscal. "Nosotros, presidentes o dirigentes de empresas, empresarios, financieros, profesionales o ciudadanos ricos, deseamos la instauración de una contribución excepcional que afectaría a los contribuyentes franceses más favorecidos".
Entre los firmantes figuran el presidente de L'Oreal y su máxima accionista, y los patrones de la petrolera Total, el grupo hotelero Accor, el alimentario Danone, el banco Société Générale, el operador de comunicaciones Orange, la aerolínea Air France-KLM o el fabricante automovilístico PSA Peugeot-Citröen.
Los gobiernos destinatarios de estas peticiones no han tardado demasiado en contestar. El presidente de EEUU, Barack Obama, prepara un nuevo paquete de medidas económicas y fiscales para tratar de reducir el déficit, en donde baraja subir los impuestos a las rentas altas -a partir de 200.000 ó 250.000 dólares-.
Por su parte, el Gobierno de Sarkozy decidió el miércoles aumentar la presión fiscal sobre los grandes salarios mediante un nuevo impuesto del 3% sobre los salarios de más 500.000 euros anuales. Asimismo, el Ejecutivo italiano aprobó un "impuesto de solidaridad" a las rentas de más de 90.000 euros. Por último, el Gobierno español ya estudia reimplantar el Impuesto sobre el Patrimonio para las rentas altas, lo cual podría ser aprobado este mismo viernes.
Pero no son los únicos. Algunas fortunas italianas se acaban de subir al carro de las recomendaciones tributarias. Sin embargo, dicha petición cuenta con algunas diferencias relevantes.
En una carta abierta enviada al Gobierno y al Parlamento, un grupo de 75 ejecutivos, empresarios y profesionales lanzan diversas propuestas para reequilibrar las finanzas públicas ya que, en su opinión, los recortes presupuestarios recién aprobados por Berlusconi "no llegan a resolver los problemas del país". Las medidas se concretan en cuatro puntos: reducir la evasión fiscal mediante límites a las transacciones en metálico; reintroducir un impuesto sobre la propiedad; subir el IVA; y aumentar la edad de jubilación.
Según la misiva, las medidas presupuestarias que se están debatiendo en el Parlamento son "injustas y potencialmente recesivas". Además, resultan "totalmente insuficientes para empezar a resolver los problemas estructurales del país", añaden. "La fiscalidad de Italia es muy pesada sobre los beneficios y muy baja sobre las rentas. Este enfoque es antiliberal y un obstáculo para la producción de riqueza, por lo que debe ser revocada para que el país pueda reanudar su senda de crecimiento", explican.
Aunque, en su opinión, consideran positivos algunos recortes presupuestarios, éstos deberían ir acompañados de nuevas medidas fiscales. En primer lugar, consideran que el nuevo "impuesto de solidaridad" propuesto por Berlusconi "debe ser eliminado, ya que penaliza fuertemente a los que ya pagan mucho, no sólo en comparación con otros países industrializados sino también teniendo en cuenta la calidad de los servicios y las inversiones públicas".
En este sentido, proponen que los contribuyentes con bases imponibles de más de 300.000 euros al año puedan evitar dicha tasa si invierten en la creación de nuevas empresas (con aportaciones a fondos de capital riesgo, por ejemplo), tal y como ha hecho Reino Unido. "Creemos, además, que los siguientes puntos deben ser tomados en consideración, con el fin de dar a los ciudadanos y a los mercados una señal de disciplina fiscal":
1. Más control fiscal para evitar la evasión de pequeños impuestos, que "representa un fenómeno muy extendido", mediante límites a las transacciones en efectivo: reduciendo a 1.000 euros el límite legal máximo para transacciones en efectivo e introduciendo la obligación de realizar pagos electrónicos si los montos superan los 300 euros.
2. Elevar la edad de jubilación en 65 años para hombres y mujeres.
3. Reintroducir el impuestos sobre la propiedad, con deducciones importantes en el caso de vivienda habitual.
4. Aumentar el IVA en un punto porcentual, destinando los ingresos fiscales adicionales para la reducción de la deuda pública.
En definitiva, estas destacadas fortunas italianas solicitan más impuestos y limitar las transacciones en efectivo (control de capitales) para estrechar el cerco sobre la evasión fiscal y así elevar la recaudación del Estado. Y es que, la imposición del pago electrónico a partir de 300 euros y el control sobre las transacciones financieras superiores a los 1.000 supondría una gran ventaja para el Fisco italiano, ya que todo este tipo de operaciones quedarían registradas automáticamente.