El ministerio de Trabajo e Inmigración es el que más subvenciones reparte, con diferencia, de todo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión se trata de fomentar la llamada "responsabilidad social corporativa" de las empresas y autónomos a golpe de subvención y, de paso, financiar los gastos de las asociaciones, federaciones, confederaciones y fundaciones que así lo soliciten.
No estamos hablando de subvenciones directas a las empresas y autónomos para que ejerciten la "responsabilidad social corporativa", sea esto lo que sea, sino de financiar a aquellas entidades "sin fin de lucro" que de forma más o menos marginal pretenden organizar algún acto para divulgar ese concepto etéreo de la responsabilidad social.
Esta es la razón por la que la Federación de Mujeres Progresistas, entidad aparentemente poco preocupada de estudiar asuntos que tienen que ver con la economía de empresa, haya trincado también una subvención de 11.252 euros con setenta y tres céntimos para organizar unos "desayunos de intercambio de ideas sobre promoción de la responsabilidad social empresarial".
Junto a las inevitables asociaciones relacionadas con el PSOE como la antecitada, la Fundación Alternativas o la Fundación Gregorio Peces Barba, aparecen también en el listado los sindicatos, cuyo carácter ubicuo siempre que hay subvenciones en lontananza vuelve a acreditarse con el ejemplo de la UGT, beneficiaria de dos subvenciones que en conjunto superan los 75.000 euros.
El grueso de las subvenciones repartidas en esta ocasión corresponde a las muy numerosas asociaciones, federaciones y confederaciones empresariales de todo tipo, cada una de las cuales acapara subvenciones en función de su relevancia y de lo ambicioso de sus objetivos. También aparecen las universidades públicas, cuyos trabajos académicos sobre la materia reciben asimismo la benéfica lluvia estatal de dinero público.
En total han sido unos seis millones de euros los que todos los españoles hemos entregado a estos grupos organizados para que fomenten la responsabilidad social corporativa, que, al parecer, debe ser la principal preocupación del empresario español en las circunstancias actuales.