Los organismos públicos dependientes de la Generalidad, incluyendo entidades de diversos tipos, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones se han triplicado en ocho años, pasando de 88 en 2003 a un total de 268 en el año 2011.
Así consta en la documentación de los diversos Presupuestos de la Generalidad, de manera que en 2003, todavía con el gobierno de CiU, eran 88; en 2005, ya con el tripartito, aumentaron a 203, y en el último año de gobierno de José Montilla se elevaron a 245 entidades y organismos, informa Europa Press.
En 2011, el crecimiento del sector participado total o parcialmente por la administración pública catalana siguió creciendo y se colocó en 268, según consta en la documentación de los presupuestos, es decir 23 entidades más.
De las 268 entidades que constan como última información disponible, un total de 28 son entidades que han sido calificadas contablemente como SEC, a pesar de que la Generalidad no tiene el control mayoritario, y se clasifican de manera técnica como AP-SEC. El crecimiento y la reordenación del sector público catalán ya había sido identificado como uno de los problemas por el anterior consejero Economía, Antoni Castells (PSC).
Castells anunció en junio de 2010 que desaparecerían 63 entidades del total de 247 que había en ese momento en sector público catalán, pero la realidad es que en los Presupuestos del 2011 no sólo no había 63 entidades menos, sino que había 21 entidades públicas más. Castells anunció que este proceso iba a afectar a 6 entidades de derecho público, 23 sociedades mercantiles, 11 fundaciones y 18 consorcios, de los que el 24 % se iban a disolver y el 25 % se integrarían en otros organismos.
Portavoces de la consejería de Economía no han podido concretar por qué no se produjo finalmente este recorte de organismos públicos ni si en este hecho influyó el calendario electoral, con elecciones en noviembre de aquel año.
Su sucesor, Andreu Mas-Colell (CiU), ha puesto el acento en que se han de reducir las políticas de gasto público, hecho es la única consejería de Economía autonómica que ha presentado una reducción del presupuesto del 10%, como hizo en las cuentas públicas de 2011, pero no ha explicado cómo va a reordenar el sector público catalán, en un momento en que desde el Gobierno central se pretende acotar y limitar el gasto autonómico.
El personal de las empresas públicas, consorcios, entidades mercantiles, fundaciones y organismos de diversa condición sumaba un total de 49.670 personas en 2010.
No todo el crecimiento del sector público se debe a un aumento del gasto, sino que una parte del mismo se debe a que la normativa contable SEC ha ido aumentado año tras año el número de entidades que debían contabilizarse como parte del gasto público, con lo que la deuda que acumulaban debían tenerse en cuenta como parte del endeudamiento de la Generalitat y no podía centrifugarse fuera del presupuesto.
Precisamente, una de las quejas recurrentes del actual gobierno catalán que encabeza Artur Mas es el alto endeudamiento de algunas de esta entidades y empresas públicas.
Este es el caso de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que debe 1.500 millones de euros, de ellos 1.300 millones a la banca y otros 200 millones a proveedores diversos, y ante esta situación la Generalitat ha optado por subir el canon del agua un 8,5% y privatizar la gestión de la sociedad Aigües del Ter-Llobregat.