Los políticos se preocupan en primer lugar de su bienestar y el de sus correligionarios y si les queda tiempo (y algo de dinero) hacen como que trabajan para preservar el bien común. Es éste un rasgo transversal en toda la clase política, pero en deslealtad hacia los ciudadanos los socialistas baten todas las plusmarcas. Es algo que se aprecia con perfecta claridad en el debate incipiente sobre la reforma de nuestro organigrama administrativo, en que la clase política ha dejado claro ya que, como mucho, "revisará" su funcionamiento para evitar "duplicidades", pero que de eliminar las fuentes de ingresos de decenas de miles de sus militantes, nada de nada.
Los socialistas son los únicos que se han atrevido a señalar a las diputaciones provinciales como objetivo a suprimir, pero desde luego no lo hacen para evitar a los contribuyentes la pesada carga de financiar a la legión de desocupados que medran en sus estructuras, sino porque habiendo perdido el control político de casi todas ellas, el coste para sus paniaguados es prácticamente insignificante. He ahí la solución al enigma de por qué el candidato socialista, tras siete años en el machito, acaba de descubrir que las diputaciones provinciales son órganos administrativos perfectamente inútiles dado el reparto de competencias existente en nuestro sistema institucional.
Si los políticos fueran sinceros con ellos mismos y leales con los contribuyentes acordarían de inmediato una reforma constitucional para eliminar las 17 comunidades autónomas, el mayor desastre político y económico que ha padecido jamás un país civilizado y causa principal de que nuestro futuro común, aún después de que pase la crisis (si es que alguna vez remite), sea perfectamente inviable.
No lo harán, claro, porque ese es el PER de la clase política española, del que viven, y muy bien por cierto, miles de diputados autonómicos y altos cargos con sus correspondientes asesores, todos ellos nombrados naturalmente a dedo.
Ajenos a la realidad y al sufrimiento de los españoles, los partidos políticos acaban de descubrir que "redefiniendo" el papel de las diputaciones provinciales, los problemas financieros provocados por un derroche administrativo sin parangón van a quedar solucionados.
Enhorabuena por el hallazgo y cuidado con los esfuerzos intelectivos. Sobre todo con este calor.