La situación por la que atraviesan las grandes compañías eléctricas que operan en España (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.ON España) es de extrema gravedad. La deuda de las corporaciones locales y las autonomías con las empresas de servicios eléctricos es insostenible y las multinacionales ya han empezado a cortar el suministro de luz de algunas dependencias publicas ante la imposibilidad de cobrar sus facturas.
En concreto, el 30% de la facturación de las administraciones públicas con las eléctricas son recibos cuyo periodo de pago ha expirado. Esto se traduce en una cuantía de más de 500 millones todavía sin pagar, informa el diario Expansión.
Los motivos son claros. Han sido la crisis y el parón político los motivos que han provocado que se produzca un aumento de la deuda de hasta un 50% en los últimos dos años, tanto en los plazos como en el volumen.
En un primer momento el problema se extendía solo a los ayuntamientos pero ahora ni las diputaciones ni las comunidades autónomas se libran de situarse en las listas de morosos de las eléctricas.
El margen de actuación de las compañías es muy limitado y una de las pocas formas que tienen para presionar a las administraciones es mediante el corte temporal del suministro en servicios no esenciales (ya que tienen prohibido hacerlo en áreas como la sanidad o la seguridad, como bomberos o policía).
Si existiese la posibilidad de renegociar otros contratos de libre mercado con las administraciones no sería necesario que las compañías utilizasen el corte del suministro de la luz como la única arma eficiente para conseguir cobrar sus facturas. Casos como Madrid, Reus o Jaén se multiplican mientras que las compañías intensifican sus métodos de presión.