Mientras Brasil, Perú o Colombia llevan años empeñados en seguir la senda del crecimiento económico que abrió Chile hace un par de décadas, sigue habiendo numerosos países hispanoamericanos atrapados en lo que parece ser una pobreza eterna.
En los últimos tiempos, México ha acaparado los titulares por la violencia extrema de los narcotraficantes, que amenazan con convertir al país azteca en un Estado fallido. Sin embargo, algo más al sur, Centroamérica enfrenta similares retos, aunque no tenga la lupa de la atención de la opinión pública mundial. Las maras (pandillas de delincuentes que han ido creciendo hasta suponer una auténtica amenaza para el poder público), lo cárteles del narcotráfico (que usan la región como paso hacia EEUU) y la corrupción gubernamental son tres losas imposibles de soportar para unas economías que no acaban de remontar. Del éxito que tengan estas sociedades en enfrentarse a estos peligros dependerán sus posibilidades de crecimiento a corto plazo.
Guatemala vive una situación dramática de falta de seguridad y elevada criminalidad. Cada día se producen casi 20 homicidios y otros muchos delitos que, en la gran mayoría de los casos, salen impunes. El Gobierno no hace casi nada por resolver el problema, mientras el país sufre pérdidas económicas y humanas brutales.
Seguridad y propiedad privada
Uno de los roles esenciales de los gobiernos es el de proteger la propiedad privada y proporcionar un ambiente de seguridad y orden en el que puedan llevarse a cabo las actividades económicas. Ambas funciones son esenciales para la creación de riqueza: en un entorno de elevada criminalidad, donde las propiedades y las personas no están seguras, es muy difícil que se generen actividades productivas.
Como se puede ver en el siguiente gráfico, los países que sufren más pérdidas económicas por criminalidad (en color rojo) tienden a ser los más pobres, situados especialmente en África, Centroamérica y el sureste asiático. Numerosos estudios han demostrado empíricamente los efectos negativos que tiene la violencia sobre el crecimiento económico.
Desgraciadamente, en demasiados países los gobiernos no son capaces de llevar a cabo esta esencial tarea. Además, se embarcan en acciones que van mucho más allá de las funciones básicas y son del todo perjudiciales para el desarrollo económico, como regulaciones que restringen la iniciativa privada o redistribuciones de rentas a favor de los más diversos grupos de presión.
Uno de estos países donde el crimen es uno de los principales males endémicos es Guatemala, clasificado por el Banco Mundial como país de ingresos medios bajos. En los últimos días hemos conocido la triste noticia del asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral por un grupo de sicarios, suceso que ha provocado la respuesta de ciudadanos guatemaltecos ante la elevada violencia e impunidad de ésta. Otros sucesos igualmente trágicos tienen lugar en la región a diario, con frecuencia relacionados con el mundo de la droga, como ya relató Libre Mercado.
Según resultados de una encuesta del proyecto Enterprise Surveys del Banco Mundial, la mayor preocupación y problema al que se enfrentan los negocios en Guatemala es el crimen y la falta de seguridad. Esta encuesta, que recoge información a nivel de empresas en países en vías de desarrollo, pregunta cuáles son las 10 restricciones más importantes para las empresas en lo que se refiere al marco institucional en el que operan.
A los guatemaltecos, por desgracia, estos resultados no les parecen en absoluto sorprendentes, dada la triste realidad de falta de seguridad y violencia a la que se enfrentan día a día en su país. Gonzalo Melián, director del Área de Urbanismo del Instituto Juan de Mariana y profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín (UFM) guatemalteca, ha señalado en alguna ocasión cómo es la brutal falta de seguridad en las calles la que impide que las ciudades guatemaltecas prosperen, mejoren sus infraestructuras y generen un ambiente comercial próspero.
Libre Mercado se ha puesto en contacto con Pedro Trujillo, director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI) de la Universidad Francisco Marroquín, para aclararnos de primera mano el contexto, las causas y consecuencias de esta situación.
Diecisiete homicidios diarios
Los datos que aporta este experto son escalofriantes. En Guatemala se producen 17 homicidios diarios. Pero hay que tener en cuenta que según estimaciones no se denuncia más que un 75% de los casos que realmente ocurren. Las cifras no han hecho más que empeorar desde final de siglo.
En relación a las razones por las que Guatemala es uno de los países con una mayor tasa de criminalidad en el mundo, Trujillo señala varias circunstancias: "No hay una causa, más bien una situación de partida combinada con decenas de elementos". Por un lado, el escenario general en el que se desarrolla la violencia es de elevada concentración de población en barrios marginales de las ciudades, que viven en condiciones de pobreza extremas. Ello sirve de caldo de cultivo de la delincuencia común y agrava el ya de por sí terrible problema del crimen organizado y el narcotráfico que asola al país.
La impunidad del crimen es otra de las claves que apunta Trujillo: tan solo entre un 2 y 3% de casos denunciados llegan a ser juzgados. Así, el coste de oportunidad de cometer un delito es muy bajo puesto que las probabilidades de ser capturado y juzgado son minúsculas.
Todo esto es permitido por la actuación del gobierno, según el director del EPRI. A pesar de la gravedad y persistencia de la situación, el problema de seguridad y criminalidad no es una prioridad para las autoridades guatemaltecas. En cambio, "las prioridades del gobierno se han focalizado en programas de atención social que ha concentrado la mayor parte de fondos públicos". Destaca este analista, por ejemplo, que "desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1996" tras las confrontaciones civiles en el país, "el Ejercito se ha reducido primero en un 33% y, posteriormente (2004) en un 50%".
Cinco ministros de Interior
La inestabilidad política y la corrupción son dos problemas adicionales que se unen a lo anterior. "A modo de ejemplo", afirma este experto, "en 3 años y medio de Administración ha habido 5 ministros del Interior. Uno murió en accidente de helicóptero en circunstancias no muy claras, otro está en prisión por malversación, un segundo salió hace poco de prisión por delitos similares, un tercero tiene denuncias por contratos extraños y el último es el actual. El último ministro de Defensa fue cesado silenciosamente. Los rumores apuntan a ciertas declaraciones de un narco detenido".
Obviamente, esta realidad tiene importantes implicaciones económicas: "el coste estimado de la inseguridad se cifra en torno al 8% del PIB. Toda actividad tiene un importante coste de seguridad. La vivienda, porque hay zonas en las que es imposible vivir, los colegios por idéntica razón, el traslado porque hay que hacerlo en vehículo con escolta o precauciones. Abrir una empresa requiere de la contratación de servicios de seguridad y, al no existir las garantías jurídicas, ello añade otro importante coste diferido".
Asimismo, se ha generado otro efecto económico perverso: "La creciente industria de compañías de seguridad privada ha terminado siendo un lobby de poder que impide que ciertas leyes o mejoras se produzcan", dado que en ese caso perderían gran parte de sus clientes. "Hemos entrado en un círculo vicioso de difícil solución", concluye Trujillo.