Menos mal que Cospedal ha hecho público el informe sobre el estado de las cuentas públicas en Castilla-.La Mancha, que revela que el importe de las facturas sin pagar asciende a 1.742 millones de euros; es decir, casi el triple de lo declarado por Barreda en el proceso de traspaso de poderes. Y digo "menos mal", porque, según publicó El Mundo el pasado 9 de junio, la ministra Salgado habría logrado de Rajoy el compromiso de no hablar de "déficit ocultos", de "rebajar la crítica" a los excesos autonómicos y de no avalar declaraciones que pudiesen "crear alarma en los mercados".
Algunos dirán que lo que revela la denuncia de Cospedal es la falsedad de ese supuesto compromiso del líder de la oposición con la ministra de Hacienda; pero lo cierto es que nadie desmintió en su momento la noticia y que Rajoy ha seguido manteniendo un perfil bajo respecto al decisivo asunto del déficit y endeudamiento autonómicos, tanto oficial como oculto. Rajoy es tan capaz de eso como de no pedir –ni siquiera ahora– dimisión alguna por el caso Faisán. Y eso que la crisis económica parece que es lo único que le importa.
Pues bien: entender que uno de los mayores –si no el principal– problema económico de nuestro país es que las administraciones públicas, en general, y las autonómicas, muy en particular, son incapaces de ajustar sus gastos a sus ingresos es vital para generar confianza. Y no hay peor señal para los mercados que la sospecha de que el partido gobernante y el principal de la oposición llegan a una componenda para rebajar artificialmente la gravedad del problema. Como bien ha dicho Cospedal: "lo que no aguantan los mercados son las mentiras". Esperemos que sea ese respeto a la verdad, y no el incumplimiento de Salgado a transferir recursos extra para tapar el agujero heredado, lo que haya llevado a Cospedal a levantar la liebre.
En cualquier caso, el supuesto "Acuerdo entre PSOE y PP para bajar la tensión en el debate del déficit de las autonomías" lejos de ser un acto de "prudencia" o de "sentido de Estado", es un monumental acto de irresponsabilidad por parte de una clase política que todavía no acaba de entender que tiene que apretarse el cinturón y que tiene que hacerlo, además, de manera radical. Aunque Rajoy se haya comprometido con inconcretos "techos de gasto", no debe haber más "techo" de gasto que el que procuren los ingresos. Pero antes de hablar de techos, conviene mirar debajo de las alfombras.