Hace tiempo que batir el récord histórico dejó de ser una noticia para la prima de riesgo de la deuda española. Ahora es algo mucho más grave, es una espada de Damocles que se balancea incesablemente sobre la cabeza del Gobierno, y cada vez lo hace más deprisa. En la jornada de ayer este indicador clave, que informa a los inversores de lo confiable que son los títulos soberanos de un país, superó los 300 puntos básicos. A partir de ahí se disparó y llegó, al cierre del mercado, a tocar los 340 puntos.
Los dos países de la Eurozona que anteriormente habían rebasado la línea psicológica de los 300 puntos son Grecia y Portugal. Para ellos no hubo vuelta atrás. Ambos se encuentran hoy, meses después de cruzar esa línea roja, al borde mismo de la bancarrota: Grecia sostenida gracias a créditos de urgencia por parte del FMI y la UE, Portugal sorteando lo inevitable con un severo plan de ajuste que no ha hecho más que empezar.
Todo parece indicar que seguimos el camino marcado por griegos y portugueses. Nuestro Gobierno se ha endeudado sin medida y, como se niega a dejar de vivir por encima de sus posibilidades, sigue emitiendo deuda alegremente en el extranjero. El resultado es que los acreedores están empezando a perder la fe en el retorno de su inversión y penalizan las emisiones españolas. Es un mecanismo muy sencillo, al alcance de cualquier estudiante de bachillerato pero del que, a pesar de ello, el Gobierno de Zapatero no quiere darse por enterado.
Existe todavía una posibilidad –cada día más lejana– de evitar la quiebra o el rescate, que en el caso de España sería multimillonario y tal vez impracticable por su envergadura. Esta posibilidad pasa necesariamente por un programa de ajuste urgente que aminore drásticamente el gasto público, de manera que el Gobierno no precise de pedir fuera lo que no ingresa en casa. Este ajuste implica reformas de mucho mayor calado destinadas a liberalizar varios mercados domésticos como el laboral o el del suelo, así como racionalizar de una vez por todas el oneroso y ya imposible de mantener sistema autonómico.
Zapatero ha dejado claro que en los meses que le quedan en La Moncloa no quiere saber nada de reformas que podrían complicar la reelección de su partido. Pero el problema es de tal calibre que supera con mucho los miserables cálculos electorales que se trae entre manos para salvar los muebles tras una tempestad provocada por su absoluta inepcia en asuntos económicos. No le queda, pues, otra opción que irse, cuanto antes mejor. Convocar elecciones y, antes de que éstas se celebren, tranquilizar a los inversores emprendiendo un recorte generalizado en todas las partidas presupuestarias.
Hecho esto, que hablen las urnas y que, salga quien salga elegido presidente, haga lo que hay que hacer, un compromiso de Estado que puede resumirse en dos ideas: dejar de gastar más de lo que se ingresa y pagar lo que se debe. A partir de ahí, el nuevo Gobierno deberá ir cimentando los pilares de la recuperación que, borrachos de estatismo como estamos, habrán de pasar por más libertad, más sociedad civil y, sí, efectivamente, más mercado.