El Estado español debía, a finales de 2010, 638.767 millones de euros, lo que supone el 60% del PIB. Además, el déficit subió al 9,2% y se prevé que vuelva a superar el 6% en los próximos ejercicios. La suma de ambos factores es una de las causas fundamentales por las que los mercados dudan de su capacidad de hacer frente a todas sus obligaciones crediticias. Por eso, la prima de riesgo se ha disparado en las últimas semanas y las emisiones del Tesoro están teniendo más dificultades para completarse.
Sin embargo, la mayor parte de las obligaciones contraídas por la Hacienda española no figuran en ninguna de las tablas que aparecen a menudo en la prensa. Sí, España debe más de 600.000 millones a los inversores que compraron sus bonos y letras. Pero, además, tiene una deuda mucho más elevada con otros sujetos igualmente importantes: sus trabajadores y pensionistas. Lo que el Gobierno español se ha comprometido a pagarles no cuenta como deuda pública, porque no ha sido emitida, pero la realidad es que también es una obligación para las arcas del Estado (aunque con la particularidad de que podría cambiarse por una ley en cualquier momento).
Un 652% del PIB
Según un informe del FMI, recogido por Vicente Esteve en su blog, los compromisos de gasto público amenazan con llevarse por delante la solvencia de las cuentas de muchos de los países de la OCDE. Los Gobiernos han prometido a sus ciudadanos ingresos en el futuro que no están en los presupuestos, pero que tendrán que abonarse cuando llegue su momento. Así, la media en este grupo de países ricos es que estos compromisos de gasto sumen el 409% del PIB en el acumulado, desde ahora hasta 2050.
En la terminología del FMI, estos activos son "pasivos contingentes u obligaciones no financiadas". Dentro de la OCDE, España es uno de los que está en peor situación en este aspecto, porque la cifra de este tipo de pasivos llega al 652%.
De hecho, el informe ha calculado cuánto de la deuda de los próximos años se debe a compromisos adquiridos durante la crisis y cuánto al factor demográfico. Sólo el 10,8% de la deuda pendiente de pagar se ha generado por la recesión, una cifra que en España baja al 5,9%. Aunque puede parecer un dato positivo, no lo es, porque quiere decir que las cifras hispanas no se deben a una contracción coyuntural, sino que están sometidas a una presión demográfica que será muy difícil de cambiar. El envejecimiento de la población y el sistema de pensiones públicas se convierten, de esta manera, en la Espada de Damocles de la economía española para los próximos años.
Pocos nacimientos, alta esperanza de vida,...
En realidad, esta tendencia sale de una buena y una mala noticia. La buena es que los españoles viven más cada vez y se espera que el número de mayores de 65 años se doble de aquí a 2050. La mala es que nacen menos niños, por lo que no hay relevo para ocupar sus puestos de trabajo y cotizar. Además, el problema es que esta tendencia es difícil de cambiar a medio plazo: los niños que comenzarán a trabajar entre 2035 y 2040 deberían estar naciendo ahora. Los tres siguientes gráficos son un buen resumen de la situación.
Tasa de natalidad, envejecimiento y pirámide de población de España en 2050 (Fuente: Mapfre)
Los compromisos: sanidad y pensiones
La evolución demográfica incrementará el gasto público especialmente en dos aspectos: la sanidad y las pensiones. En las últimas semanas, se han sucedido las noticias sobre los problemas de pago de las autonomías a sus proveedores del sistema sanitario (se ha llegado a hablar de facturas que se pagaban a 500 ó 600 días). Incluso, The Wall Street Journal ha publicado un artículo sobre el tema, alertando del peso creciente de la sanidad española.
Según sus datos, el coste de este tipo de servicios se ha disparado a un ratio del 10% anual desde 2002, hasta alcanzar los 70.000 millones de euros en el último ejercicio. No es extraño que la deuda acumulada por las administraciones públicas en este campo roce los 12.000 millones.
El segundo capítulo de "obligaciones no financiadas" es el de las pensiones. Ya es posible calcular con bastante fiabilidad cuántos españoles alcanzarán los 65 ó 70 años en 2040 y 2050... y las cuentas no salen. La última reforma aprobada por el Gobierno reduce significativamente estos compromisos públicos (a costa de los bolsillos de los futuros pensionistas), pero a pesar de lo aprobado el sistema camina hacia una quiebra inevitable. España tiene uno de los sistemas públicos más ventajosos, con una tasa de sustitución (relación entre el último salario y la pensión) de más del 80%. Claro, esto hay que pagarlo y las cuentas comienzan a no salir.
