El acuerdo de los partidos PSOE, PP y CiU sobre modificaciones legales en los procesos de ejecución hipotecaria va a provocar una serie de consecuencias negativas sobre las que estos partidos no parecen haber reparado. Los políticos tienden a adoptar sus decisiones atendiendo exclusivamente a los resultados inmediatos que prevén conseguir, pero toda decisión coercitiva implica necesariamente una serie de efectos que luego han de arrostrar los ciudadanos, como va a ocurrir con esta "dación en pago light" que ahora se anuncia.
A falta de examinar la redacción final de esta modificación normativa, todo apunta a que se va a producir una cierta relajación en las exigencias actuales hacia aquellos clientes con hipotecas en vigor que no puedan hacer frente a sus pagos en la forma que tienen acordada con la entidad emisora. Básicamente, se trata de aumentar el valor de los inmuebles embargados cuando queden en propiedad de la entidad bancaria tras una subasta fallida y también la elevación de la cantidad de salario no embargable por impagos hipotecarios. En ambos casos, se trataría de una medida que afectaría al conjunto de los hipotecados pues su aplicación operaría en todos los procesos de embargo hipotecario, sea cual sea la fecha en que se suscribieron los préstamos y las condiciones pactadas en su día por ambas partes.
Esto que en principio puede sonar bien, especialmente a los suscriptores actuales de una hipoteca, tiene unas consecuencias que afectarán al mercado hipotecario desde una doble vertiente.
Por una parte, se va a producir un agravio comparativo con aquellos ciudadanos que accedan a una hipoteca en el futuro, pues resulta evidente que una medida que reduce las garantías de las entidades emisoras a la hora de recuperar el dinero prestado tendrá como consecuencia necesaria un aumento del precio de los préstamos hipotecarios que hayan de negociarse de ahora en adelante.
En segundo lugar, esta decisión parlamentaria, adoptada al socaire de un evento esencialmente demagógico como el debate del estado de la nación, obligará a las entidades bancarias a incrementar sus provisiones de fondos para atender a la disminución del valor de los bienes recuperados tras producirse el impago, algo que no parece precisamente lo más sensato en una tesitura financiera que ya ha retraído el crédito de forma notable con los perjuicios consiguientes para nuestra economía.
Los políticos han acordado en este caso hacer una concesión populista a las exigencias del denominado movimiento del 15-M atendiendo a una de sus exigencias más recurrentes. PSOE, PP y CiU han decidido hacer un guiño a sus integrantes con grave desprecio hacia el interés común. Si piensan que así van a ganar algún voto en el entramado antisistema es que no han entendido ni el funcionamiento de estos movimientos ni, lo que es peor, su deber hacia los que les pagamos el sueldo. O sea, todos los demás.