El Estado del Bienestar se basa, según sus defensores, en la solidaridad entre generaciones, clases y regiones. De esta manera, los supuestos privilegiados de una sociedad ayudarían a aquellos que lo son menos con una transferencia de rentas que se llevaría a cabo con la ayuda del Gobierno. El problema es que hay un límite a partir del cual este planteamiento comienza a complicarse. Si no hay cotizantes, puede que no haya pensiones, subsidios del paro o impuestos suficientes para pagar todo este esquema. Y es posible que en España estemos cerca de rebasar ese límite.
Según el último estudio de Agett (Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal), la tasa de soporte se ha reducido en España desde el 1,88 de 2007 al 1,44 del primer trimestre de 2011. Este ratio mide la proporción entre afiliados y parados y pensionistas. Es decir, contabiliza algo así como el número de cotizantes que sostienen a cada perceptor de un subsidio estatal. Y en España, este número ha estado cayendo de forma constante desde hace cuatro años.
La causa fundamental es la caída del empleo, que por una parte ha tirado la cifra de afiliados a la Seguridad Social y por otro ha disparado el número de perceptores del subsidio de desempleo. Pero también la trampa demográfica en la que está España, con cada vez más personas mayores y menos jóvenes ha contribuido.
Además, no en todas las regiones la situación es homogénea. De esta manera, en Madrid la tasa de soporte es de 2,13, una cifra modesta en comparación con la de otros países pero suficiente para asegurar las prestaciones. Al mismo tiempo, en Navarra con 1,72 y Valencia con 1,59 se mantienen ratios razonables.
Sin embargo, hay cinco regiones que tienen tasas de soporte inferiores al 1,3, considerado como el mínimo que hace sostenible un sistema como el español. Así, Andalucía presenta un 1,29, Cantabria un 1,27 y Extremadura un 1,18. Y a la cola de la clasificación Galicia tiene una tasa de soporte de 1,09 y Asturias de 1,05. Es decir, que en estas dos regiones cada trabajador tiene que pagar la prestación de un pensionista o parado.
Evidentemente, tanto parados como pensionistas han cotizado para cobrar sus prestaciones. El problema no es que ellos exijan lo que la ley les otorga, sino en un sistema que no genera suficientes puestos de trabajo como para facilitar que dejen de ser perceptores de un subsidio y pasen a ser afiliados y cotizantes.
Más parados y menos contributivas
Además, el informe muestra dos hechos preocupantes. Por un lado, la mayoría de los nuevos perceptores de un subsidio son parados: un 77% frente a un 23% de pensionistas. Esto podría ser positivo si el mercado laboral español fuera más flexible y tuviera la posibilidad de crear empleo en el corto-medio plazo. Pero con una situación de atonía como la actual, y con la perspectiva de que cambiará poco en la próxima década, será difícil cambiar la tendencia. Además, la trampa demográfica todavía no ha mostrado sus peores efectos. Los niños del babyboom (nacidos entre 1965 y 1975) están comenzando a jubilarse. Cuando todos estos trabajadores se conviertan en pensionistas y no tengan recambio, puesto que no hay tantos jóvenes para incorporarse al mercado laboral, este problema podría recrudecerse.
Por último, hay que resaltar que también está reduciéndose el porcentaje de parados que cobran prestaciones contributivas. En 2009, el 65% de los desempleados cobraban un subsidio derivado de sus cotizaciones previas; el resto, recibían una prestación de carácter asistencial (salvo unos pocos que recibían una prestación activa de inserción para facilitar su entrada en el mercado). Ahora, ese porcentaje ha caído hasta el 45,5, mientras crecía el número de prestaciones no contributivas.