Surge una nueva guerra interna en el seno del Banco Central Europeo (BCE). Esta entidad ha dejado claro en los últimos días su total rechazo a cualquier tipo de reestructuración en la deuda pública griega. El Gobierno germano defiende aplazar siete años el vencimiento de los bonos griegos para que los acreedores privados también participen en el segundo plan de rescate. El aporte de los bancos oscilaría entre los 20.000 y 35.000 millones de euros, según publicaba la revista Der Spiegel.
La ampliación de plazos se haría a través de un canje de los bonos de deuda soberana por nuevos títulos con un plazo de vencimiento posterior, pero sin que cambiasen los intereses. Es decir, una especie de Plan Brady a la europea. De esa manera, los acreedores recibirían su dinero, aunque siete años más tarde, y Grecia tendría más tiempo para que los planes de ajuste dieran sus frutos.
El Bundestag (Parlamento germano) aprobó la semana pasada una resolución para apoyar nuevas ayudas a Atenas, pero sólo en caso de que participe el sector privado. Esta iniciativa está siendo ya barajada por Atenas. El Gobierno griego reconoció por primera vez el pasado viernes que estudia la posibilidad de una participación voluntaria de los acreedores privados. Al presentar el programa de nuevas medidas de 78.000 millones de euros, el ministro de Economía, Yorgos Papaconstantínu, declaró que Grecia se orienta a cubrir sus necesidades de pago con ayuda de privatizaciones por un valor de 50.000 millones de euros hasta 2015 y con la participación de los tenedores de bonos.
Según sus cálculos, Grecia necesitaría unos 90.000 millones de euros de capital hasta 2014. Una parte procedería de las nuevas medidas de austeridad, otra del nuevo plan de rescate y un tercer tramo de la participación de los acreedores. De este modo, se confirmaría la aplicación de la reestructuración "suave" avanzada por Bruselas.
Sin embargo, esta opción es rechazada por el BCE. El organismo teme que las agencias de calificación interpreten esta medida como un default (suspensión de pagos), con todo lo que ello podría suponer. El Banco Central Europeo (BCE) advirtió de que no aceptará los bonos griegos como garantía en sus operaciones de refinanciación en caso de que se produzca un impago. "No negociamos sobre ello con gobiernos, sino que aplicaremos nuestra normativa", ya que otro procedimiento dañaría la independencia del BCE, indicó el economista jefe de la entidad, Jürgen Stark.
El BCE tema la reestructuración
El presidente del organismo, Jean-Claude Trichet, dijo que "sería un enorme error aprobar una decisión que pudiera desencadenar un impago de la deuda griega". Trichet se sumó así a las alertas lanzadas por el consejero del BCE Christian Noyer, gobernador del Banco de Francia. La reestructuración, tal y como la plantea Berlín, no es una opción.
Y es que, más allá de los efectos que pudiera tener sobre Grecia y el resto de socios periféricos, cabe recordar que el BCE ha prestado mucho dinero al Gobierno griego: aunque lleva diez semanas consecutivas sin comprar deuda pública de la zona del euro, la entidad acumula en su balance bonos griegos por valor de unos 45.000 millones de euros y, además, aceptó títulos de deuda por valor superior a los 90.000 millones de euros en las operaciones de refinanciación de la banca comercial helena. Es decir, el BCE está muy expuesto a la deuda de Grecia.
Precisamente, esta compra directa de bonos soberanos, iniciada en mayo de 2010, ya fue criticada expresamente por el banco central alemán (Bundesbank), cuando estaba en manos de Axel Weber. Ahora, el Bundesbank vuelve a desmarcarse de la posición oficial del BCE. Su nuevo presidente, Jens Weidmann, desmiente a Trichet tras afirmar que el default de Grecia no desestabilizaría al euro.
Las perlas de Weidmann
Por un lado, apoya firmemente la participación de los bancos en el rescate heleno: "En principio, no tiene nada de malo que los acreedores privados compartan el coste. Por el contrario, sería conveniente porque de esa forma los acreedores asumirían la responsabilidad de sus decisiones de inversión y se reduciría la carga de los contribuyentes".
Así pues, según Weidmann, el problema no reside tanto en la participación de los acreedores sino en cómo se aplicará esta reestructuración. En este sentido, explica que una "extensión forzada del vencimiento de bonos conllevará más riesgos que oportunidades", ya que se podría disparar la desconfianza hacia otros socios comunitarios. Se decanta, pues, por una extensión voluntaria: "Una solución puramente voluntaria sería muy bienvenida".
Aún así, advierte de que los bancos griegos acumulan un gran volumen de bonos, y por eso "no debemos fijar nuestras expectativas demasiado altas". Además, insiste en que Grecia puede afrontar su crisis de deuda siempre y cuando cumpla estrictamente con las exigencias de austeridad, el programa de reformas y la privatización de activos.
En caso contrario, se anulará el paquete de ayuda a Grecia. "Esto sería decisión de Grecia, y el país tendría entonces que asumir, sin duda, las dramáticas consecuencias económicas de un default. Creo que no sería sensato y, seguramente, pondría en una situación difícil a otros socios comunitarios. Pero, incluso en este caso, el euro se mantendría estable".
De este modo, Weidmann lanza varios mensajes claros respecto a la posición que mantiene Alemania en la crisis de deuda pública: los acreedores privados de Atenas tienen que participar en el segundo rescate; lo ideal es que lo acepten voluntariamente pero, en caso contrario, lo tendrán que hacer de forma obligatoria; la quiebra pura y dura de Grecia dependerá en última instancia de Atenas; si vuelve a incumplir las condiciones impuestas se suspenderá la nueva ayuda y Grecia tendrá que afrontar las consecuencias (default); aún así, el euro resistirá.
Lo que en todo caso rechaza Weidmann es mantener el actual programa de compras de deuda pública por parte del BCE: "Rechazamos la participación de los bancos centrales en las cargas y los riesgos" de la crisis soberana. "Es decisivo que se mantenga inactivo. Ya no estamos comprando bonos soberanos".