Érase una vez un Gobierno que decidió hacer una apuesta desproporcionada por cierto tipo de generación de energía eléctrica. La apuesta fue decidida, sin dudas ni titubeos. Hicieron y deshicieron las leyes a su antojo, cada una peor que la anterior, con la impasibilidad que otorga el saber que nadie les pedirá responsabilidades más allá de enseñarles la puerta de atrás del Congreso de los Diputados. Al menos en este país... y así nos va.
El año 2010 finalizó con 27.000 MW de potencia instalada de ciclos combinados que queman gas. A su vez, la potencia eólica instalada ascendía a 20.000 MW. Para que nos entendamos, uno de cada cuatro MW instalados en España corresponde al gas, uno de cada cinco a los aerogeneradores. Estas dos tecnologías han crecido espectacularmente en los últimos tiempos. Hace apenas siete años la potencia de ciclos combinados era de 4.500 MW, mientras que la eólica ascendía a 5.500 MW. Ambas juntas representaban el 15% de la potencia en España, mientras que ahora alcanzan casi el 50%.
El crecimiento de la energía eólica se entiende perfectamente cuando uno presta atención a las jugosas subvenciones otorgadas a esta tecnología eléctrica. El crecimiento de las centrales de gas, en cambio, se puede explicar mediante un doble motivo: por un lado suponían una alternativa más limpia a las centrales de carbón. Por otro, su construcción es relativamente rápida y su coste mucho menor que una central nuclear, lo que permitía recuperar la inversión más fácilmente.
El problema es que el mercado eléctrico ha sido adulterado de manera artificial, agravando aún más la inseguridad jurídica que ya era patente en el mismo. Un intervencionismo estatal desmesurado y favorable a las energías renovables ha colocado el sector gasístico español en una situación delicada con escasos atisbos de solución. La legislación eléctrica española otorga preferencia de despacho a las energías renovables. Esto implica, de hecho, que en el momento en que el viento sople los españoles estamos obligados a comprar toda la electricidad proveniente de los molinos eólicos pagando por ella, además, un precio muy superior al del mercado. Por tanto, el efecto de alteración del mercado tiene una doble vertiente: por un lado estamos obligados a comprar la electricidad que nos obliga el Gobierno y, por otro, cada vez se instalan más energías renovables debido a sus fuertes subvenciones. Esta asimetría ha colocado al sector del gas en una posición muy delicada.
Las centrales de ciclo combinado están funcionando, en promedio, muchas menos horas anuales de las previstas en sus cálculos de amortización. De hecho, están funcionando al 30-40% de su capacidad con la previsión de empeorar aún más a medida que aumenta la penetración de energías renovables en el sistema. Esto puede implicar dos cosas: o bien los inversores perderán dinero y, a la vez, su interés en nuevas inversiones o tendrán que vender la electricidad más cara en el mercado mayorista para recuperar parte de las pérdidas que origina la preferencia de despacho renovable. El primer caso genera desempleo y pérdida de riqueza, el segundo también puesto que una electricidad más cara genera desempleo en el resto de sectores económicos que la utilizan como materia prima.
Sabemos que está en el ADN del intervencionismo intentar solucionar sus errores con más intervencionismo y el sector eléctrico, por supuesto, no iba a ser una excepción a la norma. Ante las quejas de los gasistas, el ministro Sebastián ha decidido subvencionar el sector con unas centenas de millones de euros para paliar ligeramente la situación. Un breve resumen de la situación sería el siguiente: tenemos unas energías (renovables) muy caras e incapaces de competir en el mercado. Este hecho, lejos de ser un motivo para rechazarlas, hace que se subvencionen enormemente, incitando a su instalación masiva. Por si esto fuera poco, se les da preferencia a la hora de vender, con lo que expulsan del mercado a otras tecnologías claramente competitivas. Estos últimos protestan por la situación y el ministro decide también darles subvenciones, en lugar de retirárselas a los primeros solucionando el problema y ahorrándonos a los españoles, de paso, más de 5.000 millones de euros al año.
Con subvenciones crean un problema y con más subvenciones pretenden solucionarlo. Lo que viene después ya lo tenemos claro, ¿verdad? Y yo me pregunto ¿esto por qué no lo paga usted, señor ministro? En su defecto, con que dejara de ejercer tanta presión fiscal con el ánimo de despilfarrar nuestros ahorros de esta forma le estaría realmente agradecido. Y ya de paso, si se dignara usted a tomar la decisión sobre el emplazamiento del ATC dejaríamos de regalarle 60.000 euros diarios a Francia. Mientras tanto, le ruego tenga en consideración mi humilde petición de dimisión de su cargo, la economía española se lo agradecería.