La medida estrella en política social del Gobierno viene arrastrando desde su aprobación problemas como la falta de financiación o la lentitud de su aplicación. Ahora surge una nueva disputa entre el Estado y las Autonomías debido a que, según informa el diario El País, el Ejecutivo ha descubierto que existían 32.687 fallecidos entre las 704.758 personas que estaban percibiendo las ayudas.
Las Comunidades Autónomas se ocupan de gestionar y tramitar el sistema de Dependencia, aunque tienen la obligación de limpiar mensualmente los datos para remitirlos al Gobierno, que es el encargado de transferir las cuantías a todas las administraciones dependiendo de la información recibida.
Las CCAA no han cumplido su función y no han realizado correctamente esta limpieza, por ello han pasado por alto tanto las personas fallecidas como las personas repetidas, las que se han trasladado de comunidad o a los que deciden no seguir con el proceso, según la directora general de Política Social, Isabel Martínez.
Las comunidades que más fallecidos tenían entre sus listas han sido Castilla y León, Galicia, País Vasco y Navarra. El Ministerio de Sanidad y Política Social ya ha advertido a los consejeros de las comunidades que han cometido el error que en los próximos pagos les descontará las cantidades dirigidas a las personas que no debían figurar en las listas; aunque esto no implica necesariamente que las regiones vayan luego a cobrar a los particulares lo que les han pagado de forma indebida.
Este caso recuerda a la estafa destapada por el Gobierno griego hace unos días, en donde se descubrió que los familiares de unos 4.500 funcionarios fallecidos seguían percibiendo la pensión de jubilación.