Don José Antonio García Regueiro, consejero general de Caja Madrid y ex letrado del Tribunal Constitucional, afirma en Público que las cajas de ahorro son pura bondad reforzadora del Estado del Bienestar y por eso "la aristocracia financiera especuladora que se esconde tras el nombre de neoliberalismo quiere ahora su desaparición. Es la aristocracia que tiende a nivel nacional e internacional a imponer las normas, a controlar los poderes públicos y a manipular a la opinión pública mediante el control de la mayoría de los medios de comunicación". Tras alegar que hemos vivido sometidos a "políticas ultraliberales", y acusar de tal desviación a un veterano socialista como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, concluye don José Antonio oponiéndose a la privatización de las cajas, porque relegaría su "obra social y humana": lo correcto es "recuperar la banca pública (....) defender los derechos de los trabajadores, de los ciudadanos, recuperar el sentido de lo social, de lo público, dejar de ser observadores pasivos del desmantelamiento del Estado del bienestar, es decir del Estado de derecho".
Primero, el compadreo entre banqueros y autoridades se debe exclusivamente a la política y la legislación, que han montado un sistema que no puede funcionar y no funciona sin un alto grado de intervención. En la banca y en las cajas no hay nada de liberalismo, neoliberalismo, ultraliberalismo o cualquier apelativo por el que don José Antonio quiera aludir a la libertad: está todo intervenido empezando por lo más importante, la capacidad de crear dinero. Pero cuando el estalla el sistema intervenido, arrecian las críticas a... ¡la libertad!
La aristocracia bancaria, por tanto, no domina a la aristocracia política: ambas se necesitan mutuamente y ambas dominan al pueblo y le obligan a pagar sus desaguisados. Es absurdo, como hace el señor García Regueiro, presentar a los políticos como si no tuvieran precisamente lo que tienen: el poder. Y ese poder lo utilizan precisamente para aquello que don José Antonio dice que no hacen: imponer normas, obligar, multar, recaudar, prohibir, vigilar, regular y manipular a la opinión pública.
Segundo, lo que dice de las cajas de ahorro es realmente extraño. No encaja ese retrato benéfico con el despilfarro, la corrupción y el amiguismo que ha caracterizado a muchas de ellas. Tampoco tiene sentido pedir una banca pública: lo más parecido a esa banca pública son las cajas de ahorro, ¿pedirá don José Antonio aún más politización de la que ya existe?
Tercero, la identificación del Estado de derecho con el Estado del bienestar, es decir, de la libertad con la coacción, o de lo social con lo público, es decir, de la sociedad con la política, es inquietante en un letrado del TC, nada menos. El escalofrío que provoca dicha identificación, asimismo, resulta agravado por el amargo sarcasmo de pretender que el intervencionismo es lo que defiende los derechos de los trabajadores, un intervencionismo que ha dejado a cinco millones de ellos sin empleo, y ha subido los impuestos sobre los parados y sobre todos los demás.