Patronal y sindicatos han dado por concluidas sin acuerdo las conversaciones para la reforma de la negociación colectiva tras alrededor de cuatro meses de reuniones más o menos continuadas y más de un año después desde que se comprometieran a revisar todo el sistema de convenios colectivos.
Durante todo este tiempo, el Gobierno ha parecido obsesionado con lograr el pacto social en esta cuestión y ha repetido hasta la extenuación que el consenso era imprescindible. Los cinco millones de parados no parecían suficiente motivo para legislar. La foto con sindicatos o empresarios en las puertas de Moncloa era el objetivo que, al final, no se ha conseguido. Ahora, a Valeriano Gómez le toca mojarse. Se han perdido más de 16 meses y España tiene una tasa de paro que dobla la media europea.
Febrero de 2010: El 9 de febrero de 2010 las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT pactaron tres años de moderación salarial con la firma del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012, al tiempo que se comprometieron a modernizar el marco de las relaciones laborales, según el relato cronológico realizado por Efe.
Mayo de 2010: No obstante, el inicio de la negociación se fue retrasando durante meses, ya que en paralelo se estaba discutiendo la reforma del mercado laboral y poco después -12 de mayo- el Gobierno anunció una serie de medidas para atajar el déficit y cumplir con los objetivos de estabilidad de la Unión Europea.
Junio de 2010: Las medidas incluían el recorte salarial del 5 % para los empleados públicos y la congelación de las pensiones contributivas, y provocaron la convocatoria de una huelga de funcionarios para el 8 de junio. Dos días después de la huelga, el 10 de junio, fracasó el intento por alcanzar un acuerdo tripartito de Gobierno, patronal y sindicatos para reformar el mercado laboral. El 16 de junio el Ejecutivo aprobó por decreto dicha reforma y los sindicatos convocaron una huelga general para el 29 de septiembre.
Septiembre de 2010: La propia reforma laboral establecía el plazo en el que se debía acordar la reforma de la negociación colectiva, que expiraba el 19 de marzo.
Febrero de 2011: Sin embargo, las conversaciones entre empresarios y sindicatos para este asunto no comenzaron hasta febrero, una vez firmado con el Gobierno a inicios de ese mes el Acuerdo Social y Económico, que incluía el pacto para la reforma del sistema público de pensiones.
Marzo de 2011: El 3 de marzo CCOO y UGT manifestaron que era posible llegar a un acuerdo a mediados de abril tras afirmar que las diferencias con la patronal eran "superables", razón por la que el Gobierno consideró que no había problema para ampliar el periodo de negociación.
Abril de 2011: Los principales puntos de fricción estaban en los cambios que se podían acometer en las condiciones laborales de los trabajadores en tiempos de crisis en lo que respecta a jornada, movilidad y funciones, en la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa o viceversa y en la conveniencia o no de prorrogar automáticamente los convenios expirados.
Mayo de 2011. Antes de las elecciones Las negociaciones se fueron alargando sin que se fijara una fecha concreta para su fin, aunque la partes dejaron entrever que tras las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo esta cuestión se despejaría. Antes de las elecciones, el 17 de mayo, el Comité Directivo de la CEOE reclamó a su presidente, Juan Rosell, una postura más firme frente a los sindicatos para que la reforma no terminara siendo un texto vacío de contenido.
Mayo de 2011. Tras el 22-M: Con este mandato Rosell llevó a la reunión del 30 de mayo con los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, un nuevo documento con una posición de máximos de la patronal que los sindicatos consideraron inasumible. Los sindicatos entendieron que la actitud de la CEOE suponía la ruptura de las negociaciones, aunque ambas partes se reunieron todavía dos veces más para tratar de desbloquear la situación, lo que finalmente no ha sido posible.
Junio de 2011: Tras los comicios, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo que el 10 de junio era la fecha tope que se daba el Gobierno para aprobar la reforma tanto si había acuerdo como si no.