Más de una década de retraso en los pagos a la empresa Aroa S.L es motivo suficiente para que la Justicia se posicione del lado de la empresa privada, la principal afectada por la morosidad de los ayuntamientos.
En agosto de 2010 se publicaba en Andalucía una sentencia que hacía temblar los bolsillos de los alcaldes españoles: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía establecía que el Ayuntamiento del municipio sevillano de Castilleja de Guzmán tendría que pagar en 30 días las deudas contraídas con Aroa S. L por la edificación de la casa consistorial y varios viales. De no efectuarse el pago, su alcalde, Carmelo Ceba (PSOE), tendría que responder a la cantidad adeudada con su propio patrimonio.
Después de conocer el auto, el primer edil impugnó la sentencia y ofreció la posibilidad de saldar la deuda municipal a cambio de "solares" públicos y el abono fraccionado de los 555.887,37 euros que le reclama la Justicia andaluza.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestima el recurso del alcalde en su totalidad y establece en una sentencia histórica el requerimiento del pago impugnado por el Ayuntamiento "contándose el plazo estipulado a partir de la notificación del actual".
"Las dificultades de tesorería citadas por el Ayuntamiento no pueden constituir, en este caso, un obstáculo insalvable. Es al Ayuntamiento demandado al único que incumbe la tarea de buscar soluciones para cumplir las obligaciones", concluye el Tribunal.
Tras conocer la decisión, Ceba ha declarado a los medios que acatará la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA y que intentará pagar la deuda que viene arrastrando más de 10 años, pero muestra su disconformidad con la cifra a reembolsar ya que asegura que a la constructora le debe tan sólo 430.000 euros.