El debate está servido. Telefónica de España ha presentado al Ministerio de Trabajo un expediente de regulación de empleo (ERE) para un máximo de 8.500 trabajadores de su negocio de telefonía fija durante los próximos cinco años, lo que supone alrededor de un 25% de su plantilla en España y el 6,6% de todo el mundo.
Como en anteriores expedientes de regulación de empleo, tendrá carácter voluntario lo que supone que los 8.500 trabajadores son un máximo de afectados. Será universal, no se dirige a ningún colectivo concreto y no es discriminatorio. Según las primeras estimaciones, el coste de este recorte de plantilla para la compañía rondará los 2.100 millones de euros en caso de que se completen los 8.500 despidos, aunque la cuantía final dependerá también de las condiciones concretas que se acuerden con los sindicatos.
La operadora aún está en fase de negociación con sus sindicatos, pero se espera que se pacte un proceso de pre-jubilaciones ordenadas y voluntarias, que sólo afectará a aquellos trabajadores que lo deseen. No hay todavía una propuesta concreta pero, según lo acordado en procesos similares, lo normal es que se pacte una salida que permita mantener entre el 80% y el 95% del sueldo a aquéllos que se acojan al plan.
Al igual que acontece en todos los ERE, los trabajadores afectados cobran el paro al que tienen derecho los dos primeros años (la compañía puede complementar sus ingresos hasta el porcentaje pactado), con el consiguiente coste para las arcas públicas. Luego, es la empresa la que paga todo el sustento del ex empleado hasta que éste llega a la edad de jubilación. En el caso concreto de Telefónica, el ERE podría suponer un coste de entre 270 y 300 millones de euros al Estado (es decir, al contribuyente).
En definitiva, la compañía asumirá cerca del 90% del coste total del recorte. Sin embargo, el ERE anunciado por la operadora ha sido duramente criticado tanto por el Gobierno como por la cúpula del Partido Popular. Hasta tal punto, que Trabajo quiere modificar el actual esquema de prestaciones para quelas empresas que hagan un ERE con mayores de 50 años paguen estos dos años de paro. Su argumento es que estos desempleados no buscarán un puesto de trabajo aunque estén en las listas de los Servicios Públicos de Empleo y, por tanto, no son realmente parados. Las empresas, por su parte, defienden que estos empleados han cotizado como el resto y se merecen su prestación tanto como los otros.
La hipocresía de las cajas
Así pues, el ERE de Telefónica en nada se diferencia de los recortes similares aplicados en otras grandes empresas o sectores. Pese a ello, el plan de la operadora no ha sido visto con buenos ojos por el Ejecutivo, centrado ahora en cambiar la normativa para tratar de ahorrarse esos 300 millones de euros en el pago de prestaciones de desempleo.
Sin embargo, al mismo tiempo, tanto PSOE como PP no tienen reparo alguno en desembolsar miles de millones de euros del contribuyente para sufragar los recortes de plantilla que están efectuando las cajas de ahorros (en manos de los políticos, curiosamente).
Las cajas tendrán que despedir en los próximos años a entre el 10% y el 20% de sus empleados para ajustar su sobredimensionado tamaño a las circunstancias actuales. Los planes de ajuste de las entidades pasan, inevitablemente, por un recorte de oficinas y empleados. Este proceso ya empezó en 2010, año en el que se cerraron más de 1.500 oficinas y que acabó con 6.700 empleados menos de los que había en 2008. Sin embargo, todavía queda por hacer.
En los ERE presentados ahora mismo ante el Ministerio de Trabajo se prevé la baja de unos 13.000 empleados. La gran mayoría (el objetivo es que sean todos) saldrán de las entidades con bajas incentivadas y pre-jubilaciones, con el objetivo de evitar en lo posible los despidos traumáticos (ajuste casi idéntico al de Telefónica).
Es decir, desde el punto de vista de los trabajadores, habrá pocas diferencias entre el ERE de Telefónica y los que planteen las cajas. Estas entidades ya han presentado hasta 12 planes de reestructuración ante Trabajo, pero Las condiciones varían de uno a otro: Bankia garantiza el 95% del sueldo hasta los 65 años a los más de 3.000 empleados que podrían acogerse a este plan; en la CAM, los empleados no serán tan afortunados y los que se vayan tendrán que conformarse con un 80% de su actual salario.
Tampoco cambia el mecanismo del que pretenden beneficiarse las compañías. Así, en los ERE de las cajas se establece que el trabajador cobre el paro al que tiene derecho los dos primeros años (la compañía puede complementar sus ingresos hasta el porcentaje pactado). Luego, es la empresa la que paga todo el sustento del ex empleado hasta que éste llega a la edad de jubilación.
La diferencia entre telefónica y las cajas radica en quién pagará la factura. Y es que, el coste en el caso de las cajas no la pagarán los dueños sino los contribuyentes. El Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) servirá para que las entidades financien estos despidos masivos. Es decir, dinero público para hacer el ajuste necesario tras los años de euforia y apertura descontrolada de entidades.
Coste público de hasta 350.000 euros por despido
Así pues, Trabajo no sólo pagará religiosamente el desempleo a los afectados, sino que el Estado también asumirá (vía FROB y, por tanto, contribuyente) la indemnización por despido, los sueldos de los prejubilados y sus cotizaciones sociales hasta que se jubilen.
El coste por trabajador despedido en el caso de las cajas es complicado de estimar, pero bien podría rondar los 250.000-350.000 euros por afectado. Si se acogieran a estos ERE 13.000 empleados, las arcas públicas tendrían que desembolsar unos 4.500 millones de euros. Y ésta es la cifra mínima que se baraja, pero se espera que pueda aumentar en los próximos años. Por ejemplo, Público apuntaba hace unos días que los despedidos alcanzarán los 25.000 (de una plantilla total de unas 120.000 personas).
Tras todo lo anterior, es como mínimo curioso que las críticas se estén centrando en el ERE de Telefónica mientras los de las cajas pasan casi de puntillas por la opinión pública. En el sector se defiende que el dinero del FROB es un préstamo para hacer más sostenible las entidades y que con el ajuste de plantillas y sucursales se persigue este fin. Además, la teoría dice que las cajas tendrán que devolver esos préstamos. Eso sí, la práctica demuestra que el Estado ya ha adelantado 15.000 millones de euros de los contribuyentes. Las entidades ya tienen dinero para acometer su reestructuración. Devolver esos préstamos, sin embargo, no será tan sencillo.