El pasado martes saltó la sorpresa de la operación "Campeón" por presunto fraude de subvenciones públicas y, desde entonces, poco a poco se van conociendo nuevos datos de la madeja. Según las últimas informaciones, una vez puestos a disposición judicial los detenidos en esta operación, la jueza instructora ha enviado a prisión al empresario Jorge Dorribo, y puesto en libertad sin fianza con cargos al resto de detenidos, entre ellos el director general del Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), Joaquín Varela de Limia, y al subdirector, Carlos Silva Liste, mientras que ya se ha producido una nueva detención y nuevos registros.
Por lo pronto la trama afecta a más de 50 empresas y cientos de cuentas bancarias bloqueadas por orden judicial, que ya tenía bajo el radar la Agencia Tributaria, de entre las cuales han empezado por la farmacéutica Nupel, al frente de la cual está el empresario Jorge Dorribo, la consultora Proitec y la empresa de venta de maquinaria Coveluma.
Lo que, en principio, sorprendió a muchos fue la presencia de agentes de Vigilancia Aduanera en la operación, lo cual arrojaba como opción más probable la conexión con alguna operación de narcotráfico, hipótesis reforzada al presentarse cargos por blanqueo de capitales; y pronto aparece la explicación. Jorge Dorribo había aparecido en un pinchazo telefónico ofreciendo a un empresario arousano (Villagarcía de Arosa) blanquear capitales (dinero procedente, presuntamente, del narcotráfico u otras actividades delictivas) a través de ayudas del IGAPE.
La reacción del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha sido la siguiente: "No hay que precipitarse". Feijóo pide tiempo y destaca la presunción de inocencia. El IGAPE es un importante órgano financiero de la Xunta. No obstante, en su dirección se sientan destacados cargos: Javier Guerra, titular de la Consejería de Economía e Industria; y otros cuatro consejeros, las titulares de Trabajo (Beatriz Mato), la Consejera de Hacienda (Marta Fernández), Medio Rural (Samuel Juárez) y Mar (Rosa Quintana); el Secretario General de la Presidencia, Valeriano Martínez, así como la Secretaria General para el Turismo, Carmen Pardo, y el Director General de Planificación y Fondos.
Por el momento, la juez mantiene como imputados a dos altos cargos del IGAPE. El caso investiga un presunto delito de fraude en subvenciones públicas, falsedad documental, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Además, la presencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que según diversas fuentes ya ha desplazado hasta Lugo a dos técnicos especializados en fraude de subvenciones, le dan una dimensión más amplia: la de un presunto fraude de ayudas europeas.
La presencia de manera permanente de los equipos de Aduanas desplazados desde Madrid y otros puntos de Galicia, que han solicitado la habilitación de oficinas, presagia la amplitud de las investigaciones. Por las informaciones que se van recibiendo, el caso ya afecta a 50 empresas investigadas, en una parte de las cuales, con los registros previos, ya se han encontrado indicios de fraude por un importe de 5 millones de euros.
Todo este panorama de agencias convergiendo al caso, unido al sumario que se está instruyendo desde el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Lugo, independientemente de las derivaciones penales, está afectando a la credibilidad de esta institución gallega.
La Xunta se personará en la causa
La Xunta acaba de anunciar que solicitará personarse en la causa como perjudicada, si bien es de prever que la jueza instructora acabe decretando el secreto del sumario, con lo que el mismo sólo será conocido por la propia jueza y el fiscal. Esto no impide que la Xunta realice su propia y exhaustiva investigación interna.