El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, dijo que no puede vetar el expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica si cumple con los requisitos legales y es pactado con los sindicatos, pero advirtió de que defenderá "hasta el final" que la empresa asuma el coste en protección por desempleo.
Según Gómez, Telefónica tiene el derecho a proceder a un ajuste de su plantilla, pero la "preferencia" del Ministerio es que asuma el coste que supone que esos trabajadores cobren prestaciones por desempleo, ya que, al contrario que otros parados, no tienen intención de buscar otro puesto de trabajo sino pasar a la jubilación.
La polémica
Preguntado si Trabajo puede obligar a Telefónica a costear ese dinero, Valeriano Gómez respondió que el Ministerio tiene la "confianza" de que su posición va a "prevalecer". Al respecto, explicó que así se lo han transmitido a la compañía, quien, según Valeriano Gómez, les ha expresado verbalmente su "disposición" a aceptarlo.
Cuando una empresa acomete un ERE que incluye prejubilaciones, acuerda con su trabajador pagarle un despido y un sueldo desde el momento en que se le acabe el paro hasta la edad de jubilación. De esta manera, el trabajador cobra primero una indemnización por el despido; luego la prestación de paro correspondiente; y, por último, una pensión de su empresa desde que se acaba el desempleo hasta que se jubila (para que tenga ingresos y, además, pueda seguir cotizando y su pensión no se vea reducida).
Todos estos gastos los asume la empresa, en este caso Telefónica. El Estado sólo paga los dos años de paro (cómo máximo). Y éste es el punto más polémico. Por un lado, la empresa defiende que todo es legal, que ella despide a sus empleados y que estos tienen derecho a paro (por el que han cotizado) como todo hijo de vecnio. Por otro lado, el Ministerio de Trabajo defiende, con razón, que esto no son parados normales, porque no quieren otro empleo, sino que sólo pasan dos años cobrando de los Servicios Públicos de Empleo como parte del acuerdo firmado con su compañía.
Emienda
Gómez hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, al ser preguntado por el ERE presentado por Telefónica de España para despedir a un máximo de 8.500 trabajadores de su negocio de telefonía fija durante los próximos cinco años, lo que supone alrededor de un 25 % de su plantilla en España y el 6,6 % de todo el mundo.
El Ministerio de Trabajo ha introducido una enmienda al proyecto de ley de políticas activas de empleo para que las empresas con beneficios que presenten un ERE que afecte a trabajadores de 50 años asuman las prestaciones por desempleo que van a percibir, normativa que Valeriano Gómez prevé que se apruebe en julio, informa Efe.
Aunque en un principio el ERE de Telefónica debería haber recibido el visto bueno de Trabajo antes de julio, Valeriano Gómez insistió en que discutirán con la multinacional española el que los costos de la protección por desempleo no corran a cargo del Estado. "Hay razones para ello y el Ministerio de Trabajo es la autoridad laboral", precisó Valeriano Gómez.
En cuanto al bonus extraordinario que Telefónica prevé pagar a sus directivos y que anunció el mismo día que adelantó el ERE, Valeriano Gómez reiteró que "casa mal" con el concepto de responsabilidad social que siempre ha presidido la gestión de la empresa.