Tres de las cuatro grandes tabaqueras que dominan el mercado en España ya han subido el precio de sus principales cajetillas en lo que va de año y todo apuntaba a que estos incrementos iban a seguir sucediéndose paulatinamente a lo largo de 2011.
La primera subida se produjo a finales de abril, cuando British American Tobacco (BAT) incrementó el precio de Lucky Strike hasta los 3,85 euros y el de Pall Mall hasta 3,60. Tras ella, y con menos de un mes de diferencia, Altadis imitó a su competidora y encareció también sus marcas más conocidas: Fortuna y Nobel pasaron a costar 3,85 € y Ducados Rubio 3,70 €.
Se hacía esperar la reacción de Philip Morris, y ésta llegó el pasado jueves, cuando subeió cinco céntimos el precio de Chesterfield, que pasó a costar 4 euros, mantuvo el de Marlboro -su producto estrella-, subió 10 céntimos sus marcas baratas (Next, Marlboro Pocket, Philip Morris...), incrementó entre 20 y 50 céntimos sus versiones de liar y retó al resto de compañías recortando el precio de L&M en 5 céntimos, fijándolo en 3,65.
Pero tan sólo 10 días después, Altadis dio marcha atrás. Las fichas que movió Philip Morris la conviertieron en la marca más competitiva del mercado y Altadis decidió este viernes cambiar el rumbo de su estrategia y orientarla a ofrecer también unos precios más económicos, situando el precio de sus marcas más relevantes de cigarrillos rubios, Fortuna y Nobel, en 3,70 euros la cajetilla desde los 3,85 euros, mientras que Ducados Rubio pasa de 3,70 euros a 3,50 euros. Y tras la rebaja de Altadis, ahora es BAT la que también abaratará sus marcas "para mantener su competitividad en este nuevo escenario de mercado", según avanzó este viernes en un comunicado.
Tanto BAT como Altadis coincidían en los argumentos que justificaban las subidas de precios al tabaco: la incidencia de la presión fiscal a este producto que viene acompañada de aumentos sistemáticos de los impuestos por parte del Gobierno. Y todo parece indicar que la disminución del coste de los cigarrillos, más allá de la pugna de los grandes por ganar mercado, se trata de un desafío al Gobierno. En concreto, a su afán recaudatorio y a su objetivo de desincentivar el consumo. Y es que, el tabaco barato, además de mermar las arcas del Estado, contradice la filosofía de su ley Antifumadores.
Si el Gobierno sube los impuestos especiales sobre las labores del tabaco, las compañías tarde o temprano trasladan la subida al precio de los cigarrillos. Es, precisamente, este encarecimiento, unido al mayor consumo de tabaco de liar, el auge del contrabando, la disminución de las importaciones, el descenso en el número de fumadores (en torno al 6%, según el sector) y la crisis económica, las que han provocado una caída de las ventas del tabaco en un 25% en el primer trimestre del año, según las multinacionales.
Ante tal desplome, las tabaqueras aseguran que quieren evitar una guerra de precios y que son las principales interesadas en que exista una cierta estabilidad, favorable para todos los agentes. Según fuentes del sector, las grandes empresas han intentado reunirse, sin éxito, con el Gobierno para abordar la situación del mercado.
Así pues, todo apunta aq ue este cambio de rumbo para abaratar el precio constituye también un toque de atención al Gobierno para que atienda sus nuevas demandas de política fiscal sobre el tabaco.
Los grandes temores de las tabaqueras
¿Y qué quieren las grandes tabaqueras? Pese a que el Gobierno se beenficia de las subidas fiscales, no es el único. Las grandes tabaqueras también sacan tajada de los aumentos fiscales: utilizan la estructura impositiva del tabaco para seguir monopolizando el mercado, impidiendo que tanto a las marcas menos conocidas como a otras alternativas de consumo (tabaco de liar, pipa...) puedan expandir su actividad en un sector dominado por cuatro grandes: BAT, Philip Morris, Imperial Tobacco (Altadis) y Japan Tobacco.
A las marcas menos conocidas o "low cost" les es imposible acceder al mercado por las sistemáticas subidas del impuesto mínimo desde su creación en 2006. El Gobierno establece así que el fabricante de tabaco tendrá que pagar obligatoriamente una cuantía mínima de 116,9 euros por cada mil cigarrillos fabricados, lo cual encarece la cajetilla barata e impide que las pequeñas compañías puedan utilizar su bajo precio como estrategia de mercado al resultarles casi imposible asumir el coste de tales aumentos impositivos. Las pequeñas marcas se ven obligadas a repercutir la subida de impuestos al consumidor final para tratar de mantener su margen, mientras que las grandes pueden asumir este coste extra sin subir precios gracias a su gran volumen de facturación.
La cuestión es que compañías como BAT pretenden ahora que el Estado actualice el impuesto mínimo en base a la inflación, que en los úlitmos meses no ha parado de crecer. Hasta ahora, este impuesto consiste en una cuantía fija, ya que carece de un mecanismo de actualización automático. Esta petición reforzaría los límites a la competencia que impone este tributo, ya que matendría estable el actual diferencial de precios existente entre las marcas más caras y las más baratas, asegurando de paso las actuales cuotas de mercado (el reparto del pastel entre las grandes).
Asimismo, existe un riesgo añadido en los úlitmos meses: el casi constante encarecimiento de precios debido a la política fiscal ha provocado que aumente el consumo del tabaco de liar, pipa o cigarritos. El Gobierno, consciente del incremento progresivo de las ventas de los paquetes de picadura, ya encareció artificialmente (vía imopuestos) este producto, reduciendo así su diferencial de precios con respecto a las cajetillas de las grandes marcas. Nuevamente, bajo la justificación de desincentivar el consumo.
Así, la última subida impositiva de la picadura se produjo en diciembre de 2010 y supuso un encarecimiento del tabaco de liar en más del 45%. Aún así este incremento no es suficiente para las grandes compañías, que se quejan del diferente tratamiento fiscal que existe entre el tabaco de liar y los cigarrillos. Por ello, vuelven a reclamar al Gobierno que suba otra vez los impuestos al tabaco de liar.
Es decir, las grandes tabaqueras no sólo piden que el impuesto mínimo se actualice en base a la inflación, lo cual perjudica directamente a las marcas low cost, sino que exigen además una nueva subida fiscal para el tabaco de liar dado el sustancial aumento de ventas que viene registrando en los últimos meses (el precio de las cajetillas se ha disparado más de dos euros desde 2007).
Y mientras piden esto al Gobierno, como ya sucedió en el pasado, se vuelve a desencadenar la guerra de precios en la industria tabaquera. Una segunda guerra, en donde las multinacionales bajan precios para presionar al Estado (estas bajadas reducen la recaudación fiscal en los impuestos proporcionales del tabaco, ligados al precio final de venta), las pequeñas marcas se esfuerzan por sobrevivir, y sectores en auge como el tabaco de liar temen un desplome de ventas en caso de que Economía vuelva a disparar su fiscalidad si atiende las nuevas demandas de las multinacionales.