Zapatero acaba de reconocer que hace un año la economía española estaba en quiebra, que es lo mismo que admitir que lleva doce meses sin decir la verdad. La revelación la ha hecho, como no podía ser menos, en la SER. Pero aunque ZP por fin ha confesado lo que muchos veníamos diciendo desde hace bastante tiempo, no ha dicho toda la verdad acerca de lo que, en realidad, estaba sucediendo en aquellos momentos ni que, al final, y en contra de lo que trata de hacernos creer, el ajuste le fue impuesto por Merkel, Sarkozy y la Unión Europea. La historia real es como sigue.
A finales de mayo y principios de junio, la economía española tenía que hacer frente al vencimiento de una cantidad muy elevada de deuda pública y si utilizaba los pocos fondos que quedaban en las arcas del Estado, entonces no habría dinero para pagar las nóminas de los funcionarios. En este contexto, al Gobierno no le quedó más remedio que buscar auxilio en la Unión Europea. Allí envío a varios miembros de su equipo de Moncloa y del Ministerio de Economía para solicitar un crédito con el que poder abonar los emolumentos de los empleados públicos, como si aquí no pasara nada. Pero lo cierto es que pasaba, y mucho. En la UE, por entonces, ya estaban muy preocupados con la situación fiscal española y las repercusiones que pudiera tener la misma tanto para el sistema financiero de los países de la unión monetaria europea como para el propio euro, pero, sobre todo, estaban alarmados por la actitud de un Gobierno empeñado en negar la mayor y, por tanto, en no actuar en consecuencia. Así es que cuando los emisarios de ZP acudieron a pedir dinero, la Unión Europea aprovechó para tomar cartas en el asunto de una vez por todas y les dijeron claramente que a dónde iban ellos pidiendo prestado cuando el país tenía un déficit del 12% del PIB y una economía en recesión y, en consecuencia, era a claras luces totalmente insolvente.
Fue entonces cuando los líderes comunitarios aprovecharon para apretar de verdad a Zapatero, diciéndole que si quería el crédito, tenía que acometer medidas de recorte del gasto público y reformas en la economía. En caso contrario, no habría dinero para España y el presidente tendría que enfrentarse a las consecuencias de no poder pagar la nómina de los funcionarios y de demostrar que nuestro país estaba en quiebra. Ello, probablemente, hubiera supuesto la caída del Gobierno, con lo cual ZP no tuvo más remedio que aceptar. No fue un gesto de gran estadista, sólo de supervivencia política. Por eso, esta parte de la historia no la ha contado en la SER.